La reclamación andaluza de la delegación de las competencias de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por esta comunidad ha comenzado este martes en el Parlamento andaluz con la aprobación de la toma en consideración de una proposición de Ley Orgánica presentada por el PSOE.

Esta iniciativa se produce apenas nueve meses después de que el Tribunal Constitucional considerara que el Estatuto andaluz fragmentaba la cuenca del Guadalquivir y anulara su exclusividad sobre este río.

Con la toma en consideración de la iniciativa, que fue respaldada por unanimidad de los grupos, PSOE, PP e IU, comienza el trámite de una polémica propuesta que una vez que sea aprobada definitivamente por el Parlamento andaluz en diciembre, deberá ser refrendada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Mediante esta iniciativa, que ahora pasará a ser debatida en comisión, se pretende utilizar el artículo 150.2 de la Constitución para que se produzca la delegación de competencias sobre el Guadalquivir, de forma que para que salga adelante se necesitará la aprobación posterior por la mayoría absoluta del Congreso.

La proposición de ley Orgánica plantea habilitar instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.

Entre las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos, administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados, policía de aguas y cauces y autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico.

También se propone delegar procedimientos sancionadores, sistemas automáticos de información hidrológica, deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).

La iniciativa no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional constitucionalmente permitidas.

De igual modo, en la propuesta socialista se excluyen atribuciones relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación hidrológica de la demarcación.