Según el Banco Mundial, Marruecos tiene uno de los índices de suministro de agua y de servicios sanitarios más bajos de Oriente Medio y el norte de África: un 56% de suministro de agua y un 35% de saneamiento. Estas cifras se traducen en que casi dos tercios de la población rural de Marruecos no tienen acceso a instrumentos sanitarios tan elementales como la letrina con cisterna. El Banco Mundial también subraya dos datos relevantes: el acceso a agua mejorada es de un 80% pero el acceso a saneamiento mejorado es de tan sólo un 62%.

Los municipios son las instituciones responsables de garantizar los servicios de saneamiento, pero no tienen la capacidad financiera y técnica necesarias. En consecuencia, hay una tendencia a descuidar la higiene y el saneamiento en las zonas rurales. Marruecos, al igual que sus vecinos magrebíes Argelia y Túnez, sufre una situación de estrés hídrico. Esto se debe, en parte, a las políticas económicas que han minusvalorado y discriminado el problema del agua o que han otorgado al agua una importancia en función de su relevancia en el comercio exterior. Ejemplos de esta actitud económica en Marruecos son la prioridad dada a la agricultura de exportación o los privilegios del sector turístico en asuntos hídricos. El caso de Marrakech es particularmente gráfico: los dos millones de turistas que anualmente visitan esta ciudad consumen cinco veces más agua que toda la población local, que asciende a un millón de habitantes. Como consecuencia de esta gestión desigual, el acceso al agua se ha hecho más difícil para la población rural y las capas freáticas sufren de una explotación excesiva.

Desde mediados de los años 90, hay en Marruecos una tendencia generalizada hacia la desregulación, la privatización y la apertura al gran capital extranjero en la gestión de servicios tradicionalmente públicos. Los sectores fundamentales de la educación y la sanidad han visto aumentar la presencia de capital privado, al igual que la gestión del agua ha sido puesta gradualmente en manos de entidades privadas.

Un ejemplo descriptivo de esta tendencia a la desnacionalización es el caso del poblado de Ben S’mim, en el Atlas Medio. Los habitantes de Ben S’mim han manifestado repetidamente en contra de la privatización de su fuente de agua, que consideran un expolio de un bien comunal. Una corporación privada intenta adquirir la diez y embotellar el agua para su ulterior comercialización.

Asimismo, la población de Ben S’mim ha lanzado un comunicado en el que exigen la interrupción del proyecto, la anulación • instalación del proceso contra 12 ciudadanos acusados ​​de manifestarse contra este proyecto y la adopción de una verdadera política de desarrollo de la región que permita salir de la marginación y la pobreza absoluta en que está sumergida. Un segundo ejemplo de esta tendencia a la privatización de la gestión del agua y el saneamiento en Marruecos es el caso de dos grandes corporaciones francesas que han sido encargadas de la distribución de agua y electricidad y de los servicios de saneamiento en tres de los principales núcleos urbanos de Marruecos: Casablanca, Rabat-Salé y Tetuán-Tánger. El caso de la empresa francesa Lydec, encargada de la gestión del agua y del saneamiento en Casablanca, es un caso particularmente ilustrativo de los problemas que presenta la gestión privada de estos servicios. La empresa ha incumplido varios compromisos contractuales que tenía con la colectividad urbana, ha fracasado en su gestión, ha gastado más dinero del acordado e incluso ha llevado a cabo acciones fraudulentas. En primer lugar, de las 10.000 conexiones anuales acordadas originalmente en el contrato, Lydec sólo efectuó un total de 1250 entre 1997 y 2007. En segundo lugar, la opinión pública critica duramente el hecho de que el coste de conexión, que asciende a casi € 800, es exorbitado para gente con ingresos medios son de 1600 € anuales. Además, en las zonas suburbanas, donde el agua y el saneamiento son más necesarios, los ingresos son mucho más bajos. Este dato contrasta con las cifras de los ingresos combinados de las compañías privadas encargadas de la gestión privada en los tres focos urbanos mencionados: estos beneficios se elevan a 8 billones de dirhams, unos 704 millones de euros, lo que corresponde a entre un 2 y un 2.5% del PIB de Marruecos. Asimismo, la inversión en la que Lydec se había comprometido contractualmente ha resultado deficiente: los 3815 billones de dirhams acordados, la empresa sólo ha desembolsado 2.074 billones de dirhams, a saber, tan sólo un 54% del total convenido. Finalmente, en cuanto a acciones delictivas, Lydec repartir beneficios antes de 2009, fecha estipulada en el contrato. De hecho, entre 2003 y 2006, Lydec ya había distribuido 560 millones de dirhams. Además, Lydec romper la ley al transferir injustificadamente 678 millones de dirhams, un 85% del capital supuestamente aportado por Lydec, accionistas y proveedores en el extranjero.

Varias asociaciones e instituciones, entre ellas la Asociación para el Contrato Mundial del Agua de Marruecos (ACME-Maroc), consideran estos dos casos como ejemplos de un enfoque equivocado por parte de las administraciones marroquíes. La ACME critica lo que a su juicio es una política económica abusiva e ineficaz que convierte a los ciudadanos en clientes. Al considerar que el estado es incapaz de gestionar el agua y que sólo el mercado puede administrar los nuevos métodos necesarios para una distribución eficiente de este recurso, los responsables políticos están agravando, de hecho, los de por sí críticos problemas de escasez de agua y de servicios de saneamiento.

Estas organizaciones exigen que el acceso al agua se considere como un derecho humano fundamental y que su distribución se organice como un servicio social y no como un negocio regulado por las leyes arbitrarias de la oferta y la demanda . Asimismo, se oponen a las decisiones del foro Mundial del Agua, dictadas por los grandes holdings privados del agua del mundo, y exigen del gobierno marroquí una actitud crítica ante estos intereses económicos. También proponen que la promoción de actividades ligadas a la producción y distribución del agua se base en una asociación público-público, entre países del sur y del norte y entre varios países del sur. Finalmente, estas organizaciones exigen la institución de mecanismos verosímiles para incluir a la sociedad civil en el seguimiento y el control de las actividades de los organismos públicos, de manera que se apliquen los principios de la democracia participativa. Como soluciones, la ACME sugiere la reducción a corto plazo del despilfarro y la reorientación de los sectores de producción hacia usos del agua más ahorradores y menos contaminantes, tanto en la agricultura como en los sectores turístico e industrial , particularmente en la industria petroquímica. En última instancia, diversas asociaciones proponen como solución determinando el retorno de la gestión del agua en las manos de los municipios, siguiendo el ejemplo de varios países del norte, de modo que se garantice el derecho a la acceso universal al agua y al saneamiento público.

Si les interesa la problemática del agua en Marruecos, les recomiendo que visiten el país para conocer de primera mano los problemas y explorar las soluciones. Pueden incluso alojarse en uno de los muchos hoteles en Marrakech arriba, o en una de las tradicionales riads de Marrakech que se encuentran en el centro de la ciudad. Una vez en Marruecos, pueden ponerse en contacto con ACME-Maroc e incluso colaborar en algunos de los proyectos de esta organización.