Insuficiente justificación sobre retiro y sustitución parcial de tapete flexible en el "Tintillo", señala.
Han pasado cuatro años de la gran inundación del año 2007 y, a pesar de que se han ejercido ya más de 6 mil millones de pesos del Plan Hídrico Integral de Tabasco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no puede garantizar la seguridad de las familias por la corrupción y múltiples fallas en las obras, ante lo cual, la senadora Rosalinda López Hernández solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que gestione ante la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoria Superior de la Federación, que investigan a la dependencia que ha sido tan cuestionada en los últimos cuatro años.
La senadora del PRD consideró que es insuficiente la justificación sobre retiro y sustitución parcial del tapete flexible instalado en el canal de alivio “El Tintillo” del municipio de Centro pero sobre todo, que no se ha podido garantizar la seguridad de las familias tabasqueñas por retraso en ejecución de obras debido a la corrupción y a múltiples fallas que han presentado las obras y para muestra está la Compuerta del Macayo que fue largamente esperada y no hay modo que concluya, denunció.
Señaló que es justificada la preocupación de la sociedad tabasqueña respecto a la falta de información y presuntos malos manejos de recursos públicos del PHIT, por lo que López Hernández este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su intervención para que solicite a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoria Superior de la Federación, que ambas realicen una exhaustiva investigación sobre a las obras y acciones efectuadas recientemente por la Conagua y que entre otras cosas, implicó el retiro y sustitución parcial del tapete flexible recién instalado en el canal de alivio “El Tintillo”, en la ranchería Barranca y Guanal del municipio de Centro.
Gastos innecesarios
Destacó que el canal fue construido a finales de 2008 por la empresa Sub Marelher S. de R.L. de C.V. como parte de las obras prioritarias del Plan Hídrico Integral de Tabasco, para restarle nivel al río Grijalva y disminuir la amenaza de desbordamiento en zona urbana de la capital del estado y que de acuerdo con información proporcionada por la propia Conagua, la obra bajo el número de contrato SGIH-OCFS-TAB-08-TT-334-RF-D, tuvo un costo de 65 millones 549 mil 512 pesos y requirió la colocación de 3 mil 125 tapetes de concreto flexible ecológico, especiales contra la erosión, con un peso aproximado de 4.8 toneladas cada uno, los cuales forraron los cerca de 45 mil metros cuadrados del referido canal artificial.
No obstante, especialistas en hidráulica e ingeniería geológica, consultados por los propios medios informativos que dieron a conocer tales hechos, consideraron como un gasto innecesario no sólo haber colocado y luego retirado el tapete flexible, sino que además se pretendiera instalar uno nuevo tan sólo a dos años y medio de su colocación, cuando en teoría, el material utilizado para su elaboración tenía un periodo de vida de entre 20 y 25 años.
La senadora del PRD dijo que ante tales señalamientos, el pasado 1 de julio la paraestatal emitió un escueto comunicado de prensa en donde indicó que era falso que se estuviera retirando todo el tapete flexible o que la obra no sirviera pues el trabajo consistió “el retiro parcial del tapete, para el mantenimiento y nivelación del canal de alivio”.
Por ello, manifestó Rosalinda López que “esta respuesta ofrecida por la Conagua resulta aún insatisfactoria, porque persiste la duda sobre la propia utilidad del recubrimiento instalado en el canal de alivio y porque no se da una explicación sobre el retiro anticipado de una parte del tapete de concreto flexible, pues no ha transcurrido ni el 10 por ciento de su vida útil”, aseguró.
Consideró que “podríamos estar ante un nuevo caso de incumplimiento de las disposiciones normativas en materia de planeación, programación, presupuestación y ejecución de recursos públicos, que traería como consecuencia distracción de recursos en obras innecesarias y, por supuesto, la postergación de medidas efectivas de protección que realmente den mayor tranquilidad a los tabasqueños ante las recurrentes inundaciones”.
wPor ello, Rosalinda López condenó la opacidad, la falta de confiabilidad y veracidad de la poca información reportada, ya que dijo ha sido una constante en el actuar de la Conagua, por lo menos en lo que se refiere al PHIT, tanto que ni el gobierno del estado tiene acceso a la información sobre las acciones que instrumenta dicha autoridad federal.
Advirtió que a casi cuatro años de la gran inundación de 2007 y después de haberse erogado poco más de 6 mil millones de pesos que representan aproximadamente el 70 por ciento del presupuesto total del PHIT, no se ha podido garantizar la seguridad de las familias tabasqueñas debido, entre otros aspectos, al retraso en la ejecución de las obras y a los casos de corrupción detectados asó como a las múltiples fallas que han presentado obras y acciones recientemente iniciadas.
Finalmente, la senadora por Tabasco refirió que el pasado 18 de mayo puso a consideración una propuesta con punto de acuerdo para conocer información sobre el avance físico-financiero de las obras y acciones contempladas en dicho instrumento, así como respecto del estado que guardan las investigaciones ministeriales en relación con las denuncias de hechos presentadas por la Auditoria Superior de la Federación ante las irregularidades en que incurrieron servidores públicos de la dirección local de la Conagua en Tabasco, detectadas durante la revisión de la cuenta pública de 2009.
Dicha propuesta fue dictaminada favorablemente por la Tercera Comisión y aprobada por el pleno de la Comisión Permanente, el pasado 1 de junio pero todavía no reciben respuesta por parte de las autoridades involucradas y surgen nuevos señalamientos que hacen dudar si finalmente Tabasco contará con la infraestructura de protección de calidad que requiere para reducir los efectos de las inundaciones o si nuevamente estaremos ante un proyecto que, como ha ocurrido en el pasado, quedará trunco por efectos de la negligencia, la corrupción y la impunidad.
