El Consejo de Administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) determinó que realizará una auditoría para resolver el destino de los recursos entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo, quien entregó para programas hidráulicos recursos por mil 200 millones de pesos.

Tras una sesión del Consejo por cerca de dos horas -casi la mitad del tiempo acostumbrado- los alcaldes que lo integran y la dirección del organismo operador anunciaron que ya analizan a tres empresas para ver cuál ofrece mejores condiciones.

"Se tiene que hacer una auditoría", dijo el presidente del Consejo, Héctor Vielma Ordóñez, quien se dijo seguro de la decisión, avalada por los munícipes que lo acompañaron, donde sólo faltó el presidente municipal de Tonalá, Juan Antonio Mateos Nuño.

Vielma Ordóñez reconoció que el SIAPA atraviesa por momentos complicados en cuanto a recursos, y también en lo operativo, por lo que consideró necesaria una transformación, como ya lo había anunciado en anteriores ocasiones, a fin de limpiar, tanto las cuentas, como la imagen social. "Lo que tengamos que hacer (...). Lo más importante no es perseguir a nadie, es garantizar el abasto de agua, y para garantizar tenemos que limpiar (...). Todo lo que se diga acerca del pasado va a ser sustentado. Esta administración es responsable, y jamás va a iniciar cacería de brujas, simplemente se busca que este organismo sea sano y garantice el abasto de agua".

Sobre las denuncias que interpusieron contra el ex titular del SIAPA, Rodolfo Ocampo Velázquez, y contra otros dos ex funcionarios de confianza de la pasada administración, el munícipe no otorgó información al respecto, sin embargo, confirmó que la semana pasada ratificaron las denuncias.

De su parte, el director del organismo, José Luis Hernández Amaya informó que las empresas que analizan son parte de las ocho que recomendó el Banco Interamericano de Desarrollo, y en breve estarían haciendo la invitación a que entreguen sus propuestas de tiempo de realización de los trabajos, y de costos, considerando entre dos meses y medio y tres el tiempo máximo para tener resultados, en tanto que de los recursos con que cuentan para la auditoría, no ofreció detalles.

Hernández Amaya habló también de la rescisión administrativa contra 17 empresas que se negaron a concluir el contrato que tenían con el organismo operador para el programa "Todos con agua", pese a que 54 sí cumplieron.