La dotación de agua cruda a la Península es brindada por Cedegé (ahora Senagua) comienza en la estación de bombeo en el río Daule atravesando el túnel del cerro Azul, por medio de canales se traslada hasta la represa Chongón, donde están instaladas dos bombas eléctricas con capacidad de enviar 2,5 metros cúbicos por segundo, llega hasta la presa El Azúcar y arriba por gravedad hasta la planta potabilizadora Atahualpa de Aguapen para ser procesada. Es decir, la responsabilidad de Senagua es dotar el líquido para que Aguapen la potabilice y la distribuya a los usuarios.
Días previos a Navidad, los santaelenenses se sorprendieron por la falta del líquido vital. El servicio estaba suspendido. No caía una sola gota y se formó el caos. Durante una rueda de prensa en el Centro de Atención Ciudadana –donde estaban presentes las autoridades de la provincia– se presentó la versión oficial que indicaba que la caída de un árbol había causado un daño eléctrico en la estación de bombeo, lo que fue desmentido por el prefecto Cisneros. La razón era otra: una bomba instalada en Daule estaba dañada y los técnicos de Senagua no despacharon agua suficiente al embalse El Azúcar. Se declaró en emergencia por tres días y se militarizó esa zona.
Precisamente, en junio pasado, el prefecto advirtió que el problema se localizaba en la presa El Azúcar y que los niveles de agua eran los más bajos de toda su historia, la cota se encontraba en 39 metros (nivel mínimo) para dotar a la planta de Aguapen. Que esto era consecuencia de la inacción de Senagua en controlar el uso indiscriminado del agua cruda a lo largo del canal por la existencia masiva de albarradas clandestinas hechas por empresas y personas particulares, dueñas de grandes extensiones de sembríos, ubicadas en el vaso de la presa, que toman arbitrariamente el líquido. Nunca se tomaron las medidas correctivas y las consecuencias están a la vista.
Al momento de escribir esta nota, el servicio se restablece paulatinamente. Se han instalado dos bombas adicionales en la presa El Azúcar y se planifica la llegada de un buque cisterna para proveer agua potable. No es posible que por el daño de una tarjeta electrónica en el sistema de bombeo se juegue con la vida de los peninsulares de forma infame. Los responsables son funcionarios de Senagua, por no tomar medidas urgentes, y los técnicos de Aguapen, por no reclamar a tiempo. Que este trago amargo sirva para que dichas autoridades sean sancionadas drásticamente. En el artículo ‘Aguapen en manos peninsulares’, publicado el 24 de octubre pasado, ponderé esta circunstancia. Ahora me quedan dudas.
Los peninsulares están inconformes con la administración de servicios básicos que actualmente brindan las entidades públicas respectivas. Esto es consecuencia de maniobras políticas de asambleístas de AP, incluidos ciertos parientes del mandatario que viven en Ballenita. Como delicioso pastel, se lo reparten para colocar a parientes y amigos en puestos que deben ser manejados por técnicos experimentados. En los tiempos de la partidocracia esta situación era normal. El actual régimen se ufana combatirla, pero los resultados son peores que en gobiernos anteriores. No hay diferencia, pues se privilegia la presencia de “caciques” faltando el respeto a la ciudadanía, que no reclama, no reacciona, que está casi hipnotizada. Luego les contaré qué sucede con el servicio de energía eléctrica, telefonía, etcétera. ¡Ese no fue el objetivo al lograr la provincialización!
