El plazo para esa transformación venció hace más de tres años y nada ha cambiado

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) es motivo de preocupación desde hace tiempo: a la falta de definición en su naturaleza jurídica, pues hasta ahora no es ni “pública” ni “social”, se suman sospechas y denuncias de manejo poco transparente de una empresa cuyo fracaso podría poner en riesgo la provisión del más importante servicio básico.

En efecto, la primera entrega del Informe quincenal de investigación periodística de La Razón abordó el estado de cosas en la empresa que provee agua potable y servicios de saneamiento a las ciudades de La Paz y El Alto, y el diagnóstico general no es bueno en absoluto, pues la falta de institucionalidad ha posibilitado que el sindicato de trabajadores de la empresa, tradicionalmente fuerte, hoy sea el verdadero poder detrás de la gestión.

Creada tras la expulsión de la transnacional Suez, concesionaria del servicio hasta 2004 y fuertemente cuestionada por diferentes sectores sociales de El Alto, que demostraron que las metas de expansión no se habían cumplido y que grandes sectores de la urbe alteña no accedían al servicio, EPSAS tenía por objetivo ser una empresa de transición hasta la conformación de una nueva, de carácter social pero con activa participación de los gobiernos municipales de La Paz y El Alto. El plazo para esa transformación venció hace más de tres años y nada ha cambiado, excepto, tal vez, la confianza de los usuarios del servicio en la empresa, que cada día es menor.

Según los resultados del trabajo realizado por el equipo de investigación de este diario, no existe una estadística oficial sobre la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, y tanto en las laderas de La Paz como en las zonas más alejadas de El Alto no es EPSAS la que distribuye el vital líquido, sino, en el mejor de los casos, cooperativas vecinales que garantizan el servicio, pero no la calidad del agua.

Pero lo más grave está en las numerosas debilidades de gestión de la empresa, cuyas autoridades son designadas de forma poco transparente, como se demostró semanas atrás, cuando un conflicto con el sindicato de trabajadores terminó con la posesión de un Gerente General propuesto por los dirigentes, además de comprobados casos de nepotismo que favorecen a familias enteras. A ello se suma el completo desconocimiento de las inversiones realizadas, y que según la Ministra de Medio Ambiente y Agua corresponden en 90% al presupuesto gubernamental.

Hay, pues, razones para preocuparse por el futuro de la empresa de agua y alcantarillado para La Paz y El Alto, tanto por su falta de institucionalidad, que la convierte en botín de algunos grupos, como, sobre todo, por las deficiencias de gestión que, como ya se ha dicho, pueden terminar amenazando la provisión del servicio en ambas ciudades. La solución ya no puede seguir siendo demorada.

Borrar el peligro

Por naturaleza, los hombres y mujeres prefieren gozar los beneficios que reporta un bien o un acontecimiento a corto plazo, aun cuando su costo de mediano y largo plazo pueda ser infortunado. Los ejemplos son innumerables, desde la compra a crédito de un vehículo o de un viaje que no se pueden pagar, pasando por el goce irresponsable de una relación sentimental (el caso, al parecer, del capitán del crucero italiano que recientemente naufragó), hasta la postergación de una visita al dentista por la molestia de una muela, y que se le da la debida importancia sólo cuando se torna insoportable.

Entre otros casos, el comportamiento de algunos vecinos de Pampahasi Bajo bien podría engrosar esta larga lista de actitudes irresponsables. En aquella zona, que en febrero padeció un deslizamiento de proporciones gigantescas (que dejó a miles de personas sin hogar y con escasas pertenencias), funcionarios de la municipalidad paceña identificaron y demarcaron con dos franjas, una azul y otra verde, los barrios aledaños que podrían correr una suerte similar. Asimismo, interpelaron a los vecinos cuyas propiedades quedan dentro de estas franjas a desalojar sus viviendas. Sin embargo, algunos de ellos optaron por borrar las demarcaciones, como si esta acción pudiese exonerarlos del riesgo.