Lima, 31 ene (PL) Una movilización social de defensa de las fuentes de agua frente al impacto depredador imputado a las actividad minera que desarrollan fundamentalmente transnacionales, comienza mañana en Perú.

  La Marcha por el Agua empezará en Cajamarca, a 840 kilómetros al noreste de aquí, con la participación de organizaciones populares que en ese territorio rechazan el proyecto aurífero Conga, avalado por el gobierno, en el mayor conflicto social vigente.

La movilización partirá desde Laguna Colorada, ubicada en el área del proyecto Conga, tras una ceremonia indígena de tributo a la tierra, como expresión de respeto a la naturaleza y la defensa de la agricultura.

En en el trayecto se unirán a la columna campesinos y otros manifestantes de la región norte, y más caminantes saldrán de ciudades de las regiones norte, sur y este.

La movilización tiene programado entrar en esta capital el 10 de febrero y sus organizadores aseguran que será pacífica y ordenada, a tiempo de denunciar posibles infiltraciones de provocadores.

La movilización plantea la defensa de las aguas y la Tierra, la prohibición de actividades mineras en cabeceras de cuencas hídricas (origen de los ríos) y laprohibición de uso de cianuro y mercurio en la minería.

Exige además la vigencia del derecho a la consulta a las comunidades sobre proyectos mineros y petroleros en su hábitat, tema de una ley pendiente del reglamento que la pondrá en vigor y de una polémica sobre si la consulta debe ser vinculante o solo indicativa.

La Marcha por el Agua defiende igualmente la ordenanza del gobierno regional que declara ambientalmente inviable los proyectos mineros, como Conga, ubicados en cabeceras de Cuenca, que el Ejecutivo nacional rechaza y el Ministerio Público ha impugnado en el Tribunal Constitucional.

Las resistencias de esa administración y de organizaciones sociales a Conga generó en noviembre pasado una huelga regional que derivó en una crisis política en la que hubo una recomposición del gabinete ministerial que dejó fuera a casi todos los ministros progresistas.

El gobierno defiende el proyecto, de capitales mayoritariamente norteamericanos, y argumenta que fue aprobado por el pasado gobierno de Alan García, lo que comprometió la palabra del Estado, que debe cumplirse.

En diálogo con un sector de dirigentes de Cajamarca el Ejecutivo accedió solo a un peritaje, con fines informativos, del estudio de impacto ambiental de Conga, cuestionado por quien fue hasta diciembre ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke.

De otro lado, el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra, vetado por el gobierno por haber estado preso por acciones armadas, pidió la mediación de la Iglesia Católica para resolver el conflicto.

El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Salvador Piñero, ofreció los buenos oficios y el papel de garante de la Iglesia en los diálogos en busca de solución a los conflictos sociales.