Este viernes 13 de enero de 2012 se cumplen dos años del injusto encarcelamiento de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, exautoridades nahuas (Presidente Auxiliar y Juez de Paz, respectivamente), de la comunidad de Atla, en el municipio de Pahuatlán, Puebla. Debido a su labor en defensa del agua potable para su comunidad, se les imputó falsamente el delito de robo violento de un vehículo automotor. Por este hecho fueron sentenciados en primera instancia, confirmándose en el recurso de apelación condenándolos a 6 años, 10 meses y 20 días de prisión.

En esta fecha, el Centro Prodh y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, reafirman la inocencia de los Defensores Comunitarios del Agua, quienes se encuentran en prisión con base en la ilegalidad de las resoluciones del Juez de lo Penal de Huauchinango y de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Dichas autoridades los condenaron a pesar de las contradicciones de los testimonios acusatorios, de donde se desprende la inexistencia del delito.

El día 27 de octubre de 2011, el Centro Prodh, el Instituto Ignacio Ellacuría, S.J. y las esposas y familiares de los Defensores Comunitarios del Agua, llevaron a cabo una rueda de prensa en la ciudad de Puebla para informar sobre la interposición del amparo directo, mismo que deberá conllevar a la inmediata liberación de José Ramón y Pascual. Dicho amparo fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del estado de Puebla, en donde actualmente se está a la espera de que se turne a uno de los tres magistrados de dicho tribunal federal.

A más de 730 días de su injusta encarcelación, desde este medio informativo instamos a las autoridades federales a que analicen con prontitud y con pleno apego a derecho el amparo directo interpuesto, a fin de que José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz recuperen su justa libertad. Recordamos además que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del estado de Puebla tienen ante sí la oportunidad histórica de revertir una injusticia y marcar un precedente en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.