Ciudad de México.- A partir de este jueves quedó formal y legalmente reconocido el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, luego de que el gobierno federal publicara en el Diario Oficial de la Federación, las reformas al artículo 4 de la Constitución Mexicana.

En los párrafos quinto y sexto del artículo antes señalado, se señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; en tanto que el Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

El decreto, indica que el Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días para incorporar las disposiciones relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y deterioro ambiental, un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas.

Además, las reformas a la ley avanzan en el sentido del reconocimiento constitucional de que el que contamine debe ser sancionado y resarcir los daños; asimismo, impulsa la aprobación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la emisión de una nueva Ley de Aguas, que dotará de facultades a los tres órdenes de gobierno.

Con la expedición de este acuerdo, se tendrán instrumentos precisos, dotados por el propio Estado mexicano, para exigir el derecho al agua para todas las personas que habitan en México. Actualmente, millones de personas en México sufren escasez de agua mientras que existen zonas del país concesionadas a megaproyectos que ponen en riesgo la viabilidad del derecho al agua para muchas comunidades.

El derecho constitucional al agua implica que este recurso no debe ser explotado económicamente sino que, al contrario, el Estado debe tener la obligación de cuidarla y procurarla para todos sus habitantes.