La semana pasada se dio a conocer que el SOAPAP asumiría las responsabilidades de operar las cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas de la capital del estado y parte de su zona metropolitana, una vez que daba por terminadas las relaciones contractuales con la empresa Tratamiento de Agua de Puebla, S.A. de C.V. (TAPSA) que venía operándolas desde 1999.

La justificación exhibida por el gobierno del estado fue que desde el inicio de operaciones hasta la fecha de término de las relaciones contractuales, la calidad del agua tratada no cumple con los estándares previstos en la NOM-001-SEMARNAT-1996, lo cual tiene serias repercusiones al medio ambiente y a la salud de los poblanos, por cuyo motivo la Comisión Nacional del Agua determinó un crédito fiscal al SOAPAP por 673’872,767.00 por los ejercicios fiscales del año 2002 a 2007.

La lectura del comunicado oficial invita inmediatamente a la reflexión: En primer término surge la duda si la Comisión Nacional del Agua tiene algún compromiso o responsabilidad por el medio ambiente y la salud de los poblanos (como reza el comunicado oficial), cuando desde 1999 que se firmó el contrato, las descargas no cumplen con las exigencias de la Norma Oficial Mexicana y no se dio cuenta de ello, aunque desde el año 2002 asumió su papel de autoridad y consideró que con cobrarle al SOAPAP era suficiente, aunque el agua siguiera sin lograr los niveles de calidad exigidas por la norma. ¿Será tan limitada su función como para no ir más allá de determinar créditos fiscales?

Otra duda surge también sobre la responsabilidad del SOAPAP de vigilar que la operación de las plantas de tratamiento estuviera dentro de lo normativamente esperado. ¿Es acaso que nunca hubo supervisión de la calidad del servicio contratado? ¿Entonces cómo es que se pagaban las contraprestaciones contractuales periódicas?

Otra incertidumbre se materializa en la pregunta: Si para fines del año 2004 el problema era conocido, ¿Cuáles fueron las justificaciones para que el gobierno del estado decidiera adquirir el 10 de diciembre (al fin de una administración estatal) las plantas de tratamiento en un monto de casi 750 millones de pesos a la contratista, si para entonces ya tenía cargas fiscales por deficiencia en la calidad de su operación? pero la inquietud va más allá: ¿Qué justificó la decisión de que la misma contratista permaneciera operándolas?

Seguramente el boletín del SOAPAP es muy reducido como para abundar en esta información que debería ser conocida por la ciudadanía; quizás no toda, pero debe haber por ahí algunos cuantos interesados en conocerla. Sobre todo porque el tremendo crédito fiscal determinado por la CNA fue a cargo del SOAPAP y no sobre el contratista. ¿Quién lo pagará entonces?

Otra pregunta es más que una duda, un temor: ¿Qué y cómo se garantiza a la CNA y a la comunidad poblana que las plantas de tratamiento de la capital del estado ahora cumplen con los límites máximos permitidos de contaminantes para descargas en cuerpos de agua nacionales como lo es el río Atoyac y la laguna de Valsequillo?

Personalmente opino que el problema es un poco más complejo de lo que parece y que la solución al problema operativo requiere de un replanteamiento técnico y administrativo. Este replanteamiento a su vez necesitaría una actitud de humildad de parte de los altos funcionarios de gobierno, condición que es muy difícil lograr en esta administración. Puebla tiene técnicos muy competentes en esta materia del saneamiento de las aguas residuales urbanas y ellos seguramente podrían tener la visión sistémica del problema y sus alternativas de solución al costo más justo en relación con los beneficios a lograr.

Esta situación con las aguas residuales urbanas me lleva a pensar en la decisión de invertir como parte del programa de rescate del rio Atoyac, algo así como 300 millones de pesos en la construcción de pantanos artificiales o humedales, donde de manera natural el suelo y cierto tipo de plantas retienen y/o absorben cierto tipo de contaminantes. Este es un proyecto distinto del paseo del río que requirió también una cantidad muy cercana a los 300 millones de pesos.

En la próxima entrega estaré en condiciones de comentar con mis respetables lectores, los aspectos que no se conocen sobre el nuevo proyecto y que significan una alta probabilidad de asegurar el fracaso de su operación en el corto plazo.