El pasado viernes, en el marco del juicio que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México realiza al Estado mexicano, se realizó una preaudiencia donde se reunieron los afectados por las presas y proyectos hidráulicos en el país para denunciar los abusos y las irregularidades cometidas en torno a la construcción de estos proyectos.

En el dictamen preliminar, anunciado el viernes, el jurado determinó que se requieren cambios en el modelo de gestión del agua y la energía en el país debido a que el actual modelo daña a las comunidades y busca eliminar comunidades antiguas como sucede en particular con Temacapulín, Jalisco y la presa El Zapotillo.

Si en algunos casos, con presas como La Parota, en Guerrero, se logró evitar la construcción de la misma, en Temacapulín a pesar de que los afectados han ganados todos los recursos legales, la construcción de la presa ha avanzado, por lo que a pesar de ciertas victorias legales, no se ha conseguido detener la construcción por parte de los gobiernos local y federal, así como otras empresas involucradas.

El caso de Temacapulín, Jalisco

Cerca de esta comunidad, localizada en la zona norte de Jalisco, conocida como Los Altos, las autoridades estatales y federales decidieron construir en 2005 la presa El Zapotillo, cerrando el paso del agua en la cuenca del Río Verde. El entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña y Vicente Fox acordaron la construcción de este proyecto, sin embargo, el proyecto ha avanzado en su mayoría durante los gobiernos de Felipe Calderón y Emilio González Márquez, pues el anuncio oficial del proyecto se realizó durante 2006, según recordó Emma Juárez García pobladora de Temacapulín, Jalisco.

Sin embargo, Emma señaló que las autoridades “nunca fueron a dar aviso a la comunidad directamente, sino que sus habitantes se enteraron por los medios de comunicación”, pues a mediados de 2006, ya como gobernador, González Márquez realizó declaraciones donde consideraba un hecho la construcción de El Zapotillo, argumentando la necesidad de distribuir agua en los Altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara.

No obstante, los pobladores fueron descubriendo que el proyecto realmente no beneficiaría a esta zona, incluso en declaraciones recientes del comisionado estatal del agua César Coll durante una comparecencia local, se admitió después de seis años que el agua de El Zapotillo realmente iría en su mayoría a Guanajuato, en particular para productores industriales de curtería de piel de esa entidad, por lo que muy poca del agua de la presa iría a comunidades de Jalisco.

De acuerdo con Emma, quien también forma parte de una organización de “hijos ausentes”, formada por originarios de Temacapulín que han migrado, el anuncio de la Comisión del Agua de Jalisco causó la organización de los pobladores de Temacapulín contra la construcción de la presa El Zapotillo, un proyecto que implicaría entubar el agua del Río Verde, que es la parte más pura de este cauce, para mandarlo a León, Guanajuato, y luego regresar el cauce a Jalisco por un río turbio. Los pobladores de Temacapulín se percataron posteriormente de que el agua sería utilizada para procesos productivos de empresas de la entidad vecina y que este era el objetivo final del proyecto oficial.

Sin embargo, la afectación no sólo sería que la construcción de la presa llevaría a otra entidad, sino que además la construcción de El Zapotillo implicaría la desaparición de tres poblaciones del norte de Jalisco, como son Temacapulín, Acacico y Palmarejo, los cuales quedarían inundados bajo el agua que busca ser represada en el cauce del río Verde. Además, de forma indirecta, muchas rancherías y poblaciones menores también se verían afectadas, además de otras cuestiones como la flora y la fauna local. Sumado a lo anterior, el gobierno estatal busca la construcción de un nuevo centro de población donde busca reubicar a las comunidades y otras rancherías que desaparecerían inundadas.

Otros datos que han ido conociendo los pobladores de Temacapulín es que la presa que busca construirse implicaría inversión pública y privada. Empresas españolas como Fomento de Construcciones y Contratos (FCC) y Bengoa, así como una empresa de Carlos Hank Rhon, en asociación con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua de Jalisco, estarían implicados en la construcción de la presa en el marco de una cogestión pública-privada.

El camino que los habitantes de Temacapulín han llevado implica al Congreso de Jalisco, el Congreso de la Unión, han recurrido también a organizaciones como Amnistía Internacional, así como tribunales estatales que han fallado en favor de las comunidades al resolver la suspensión provisional del proyecto. Además, el ayuntamiento de Cañadas, Jalisco -a donde pertenece Temacapulín-, y el Congreso de Jalisco, interpusieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte (SCJN), donde se busca detener definitivamente la construcción de El Zapotillo.

Las controversias planteadas por el Congreso local, así como por el ayuntamiento de Cañadas, están orientadas a detener el proyecto del gobierno de Jalisco. Esta sería la máxima y la última instancia legal para definir el futuro de las comunidades afectadas y se acude a ésta tras una serie de victorias en juicios de amparo. Los pobladores de Temacapulín esperan una resolución de la SCJN durante noviembre.

Sin embargo, haber acudido a instancias legales no es lo único que han hecho los afectados, pues a pesar de las victorias legales de los pobladores, la construcción de El Zapotillo lleva ya un avance de alrededor de 40%, por lo que desde abril de 2011 pasado los pobladores han incluso tomado las instalaciones donde se construye la presa, lo que llevó a una mesa de negociación, aunque -según acusa Emma Juárez- no puede existir un diálogo sin una disposición oficial a cambiar los planes.

Finalmente, los pobladores han encontrado una mayor oportunidad de detener la construcción de la presa recurriendo a las instancias internacionales y a la SCJN que por medio de la protesta, por lo que han apostado a esta vía y podrían obtener una victoria en las próximas semanas.



El TPP Capítulo México y los damnificados por presas

Javier Hernández vocero de los pobladores de Temacapulín organizados para el juicio del TPP, afirmó que “al parecer en México ganar un caso legalmente no significa que logres detenerlo. Algunas cosas incluso la Suprema Corte emite una resolución, pero te dice ‘yo no las puedo ejecutar’, por lo que si no encuentras a alguien en el poder ejecutivo que haga válida la resolución judicial, no puedes detener, como en este caso, una obra.”

Para Hernández, en el caso de Temacapulín, la necesidad de que actúe un tribunal de conciencia internacional importante como el TPP es sintomática porque es una organización importante que no pertenece al sistema de la ONU, que lo que se intenta es generar una presión que ponga el dedo en la llaga en el Estado mexicano para que no ocurran este tipo de cosas, que se pueda ganar un juicio y los recursos legales y que esto no sea suficiente para impedir la realización de una obra que viola los derechos de las comunidades aledañas.

En el caso de la presa El Zapotillo, las afectaciones son locales para estas organizaciones, pero también afecta al país, explica el vocero de los pobladores de Temacapulín, puesto que “hay desplazamientos de poblaciones, hay afectaciones al medio ambiente en regiones amplias y hay, en los hechos, una privatización del agua, pues se excluye al resto de la población y esto se va a acumulando con cada caso que vaya sucediendo.”

Lo anterior provoca que el gobierno y las empresas tiendan a no informar a la población, a no consultar, a no pagar las indemnizaciones, a que los pobladores afectados tengan que ir a otras instancias o incluso buscar otro lugar donde vivir, otro empleo. Mientras tanto, en estos proyectos hay una privatización del agua y proyectos que cambian los ciclos históricos del agua en la región, desde el flujo del río, su lecho, los minerales que lleva, la relación del agua con las tierras, las actividades agrícolas, todas se ven afectadas, lo que provoca muchas veces desertificación de algunas zonas, la destrucción e flora y fauna, la expulsión de población, la afectación de actividades económicas, y muchas veces hasta la contaminación del agua dentro de las mismas presas, por lo que, haciendo un cálculo, muchas veces es más costoso lo que cuesta desmantelar una de estas presas al final de su vida útil que lo que aportó a las comunidades aledañas a la misma.

“Es paradójico que una comunidad sea desplazada por una presa y la comunidad no acceda a la energía eléctrica generada por la presa”, afirmó el vocero. Hernández recordó además que el juicio llevado por el TPP contra el Estado mexicano no sólo implica la devastación ambiental, sino que en los tres años que durará abarcará ejes como guerra sucia y violaciones a derechos humanos, violencia contra las mujeres y feminicidios, violencia contra migrantes, agresión al maíz y campo mexicano a través de los transgénicos, la agresión contra el mundo laboral y el desmantelamiento del os derechos laborales, y la acumulación de los medios de comunicación en pocas manos y la exclusión de los medios comunitarios y locales. Estos siete ejes buscan abarcar las violaciones de derechos humanos por parte del Estado.

El TPP inició sus funciones en México en octubre pasado, durante su lanzamiento en la “audiencia cero” del tribunal en Ciudad Juárez, la cual trató sobre las afectaciones por el libre comercio y que fungió como una introducción del Tribunal en el país, y donde acudió el jurado especializado e internacional que lleva el Capítulo México, el cual eventualmente emitirá un dictamen final que abarcará todos los ejes mencionados anteriormente. Hasta el momento se han realizado en México en el marco del TPP capítulo México, la Audiencia Cero en Ciudad Juárez, una audiencia sobre los derechos laborales, una audiencia en Chiapas sobre los derechos de las mujeres y, finalmente, la realizada en Temacapulín, Jalisco, sobre los damnificados por presas en el país, la semana pasada.