El problema del y suministro de en el Valle de México es el más crítico en la materia que enfrenta la capital del país, por lo que el próximo año habrá "no por gusto sino por necesidad", advirtió el director general del Sistema de de la de México (SACM), Ramón Aguirre Díaz.
Explicó que el bajo nivel de almacenamiento en las presas obligará a una disminución en el suministro, por lo que urge aplicar medidas para disminuir el consumo de agua per cápita de los capitalinos.
El funcionario expuso la problemática luego que participó en la mesa de diálogo por la transparencia, impulsado por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos del Federal (InfoDF), donde organizaciones y representantes de la sociedad civil abordan temas específicos con representantes del gobierno local.
En el encuentro, donde el tema fue el agua, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, integrada por 27 grupos civiles y sociales, planteó a funcionarios del SACM y de la Subsecretaría de Gobierno las inquietudes ciudadanas.
Aunque las organizaciones civiles reconocieron la disposición de los representantes gubernamentales para promover la participación ciudadana, que se ha reflejado en respuestas positivas a 27 propuestas iniciales, reiteraron que hay tres temas pendientes que son fundamentales.
Éstos son: el papel de las empresas concesionarias en la prestación del servicio del agua, la calidad del vital líquido y las tarifas del servicio en el Distrito Federal.
El mayor desencuentro se produjo en el papel de las empresas concesionarias, pues mientras los representantes de las organizaciones civiles invocaron el Programa de Derechos Humanos local para participar en la evaluación, Aguirre Díaz advirtió que la ley no especifica esta atribución.
Explicó que permitir esa participación implicaría un trabajo técnico que sólo corresponde al gobierno, y llevaría a la pérdida de agilidad y capacidad ejecutiva del gobierno de la ciudad, precisamente para el control de estas empresas.
Refrendó que es responsabilidad exclusiva de las autoridades evaluar el trabajo de estas empresas, aunque coincidió en el derecho ciudadano a conocer los resultados, pero no a participar en las evaluaciones, insistió.
La ley vigente prevé y regula la participación de la iniciativa privada en la prestación del servicio de agua, y prácticamente toda la obra y el suministro en esta materia es propiedad privada, donde el gobierno se limita a tomar las decisiones estratégicas, expuso.
Por tanto, en opinión de Aguirre Díaz cambiar ese esquema haría más ineficiente la prestación del servicio.
A su vez, Areli Sandoval, representante de la coalición, aseguró que el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal prevé la participación ciudadana en esta materia y hay un decreto del gobierno capitalino que lo hace obligatorio.
Sobre las tarifas de agua, los representantes de la coalición insistieron que falta más información para conocer el costo real del agua, los subsidios y la metodología que se utiliza para calcularlos, a fin de que se conozca el costo de la accesibilidad económica que representa el acceso al agua.
Los representantes del SACM recordaron que el sistema es un organismo desconcentrado sin autonomía para fijar las tarifas, atribución que corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Sobre la calidad del agua, la coalición consideró indispensable conocer los resultados que se logran después del tratamiento a la que es sometida antes de ser distribuida a los ciudadanos, así como cuando se obtiene directamente de las fuentes.
Con ello, será posible conocer la situación real de la Cuenca del Valle de México para comprender el impacto de la contaminación, la gravedad de la sobreexplotación, los problemas derivados de la extracción de agua cada vez más profunda.
Los funcionarios del SACM agregaron que se hacen 25 mil pruebas de calidad de agua potable y cinco mil de las aguas de drenaje para conocer su estado y uso.
