PANAMÁ, PANAMÁ.- Grupos ambientalistas panameños exhortaron al Ejecutivo nacional a que garantice la protección y el uso racional de los humedales, ecosistemas que consideran amenazados en Panamá por el propio proceder gubernamental. 

En un comunicado, una decena de organizaciones ambientalistas panameñas reiteraron este martes su denuncia de que el Gobierno supuestamente quiere "afectar la integridad de los humedales en el área de Bahía de Panamá", en la capital del país, para favorecer intereses particulares. 

Argumentaron que la semana pasada el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial "presentó los resultados de un estudio para justificar la reducción de los límites de este sitio (la Bahía de Panamá) por un llamado 'interés nacional urgente' que a todas luces no quedó evidenciado en la presentación". 

"Las organizaciones ambientales consideran que (...) no se debería permitir ninguna afectación más hacia estos valiosos ecosistemas" de humedales, indicaron los activistas en su comunicado sin precisar qué tipo de "afectación" se expuso en el estudio oficial. 

Añadieron que el Ejecutivo, "en lugar de querer afectar la integridad de los humedales en el área de Bahía de Panamá en detrimento de los múltiples beneficios que estos ecosistemas nos ofrecen", debe "fortalecer las medidas de protección y acciones para garantizar el uso racional de los humedales". 

Entre esas acciones, los activistas señalaron "la necesidad de aprobar la Política Nacional de Humedales, elaborada con amplia participación de diversos sectores y que hace mucho tiempo reposa en las manos del Gobierno para su aprobación". 

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) declaró en 2009 a la Bahía de Panamá como un área protegida por recomendación de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional o Ramsar, que la incluyó en su lista en 2003 a petición del Gobierno panameño, según ha explicado la organización ambientalista ANCON. 

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia panameña dejó sin efecto temporalmente en abril de 2012 esa resolución de la ANAM, y otra que declaró área protegida a Donoso, otro humedal, con el argumento de que el organismo público no las sometió a consulta pública antes de aprobarlas. 

Esas medidas judiciales han sido dura y constantemente criticadas por los ambientalistas, que han alertado que la situación de los humedales es "crítica" en Panamá, mientras que el Gobierno ha dicho que realiza gestiones y programas para proteger esas áreas de diversidad biológica.