Los procesos de industrialización, característicos del siglo XX, y el crecimiento poblacional han ido elevando progresivamente la demanda mundial por agua potable hasta alcanzar registro sin precedentes. Actualmente, la demanda mundial por este recurso crece a un ritmo anual de 64 mil millones de metros cúbicos, lo que ha llevado a que su consumo se triplique en la última mitad de siglo. 

Actualmente, 2.400 millones de personas no tienen acceso a agua potable (es decir 1 de cada 3 a nivel mundial). Se encuentran principalmente en los países en vía de desarrollo, donde, según estimaciones de las Naciones Unidas, cerca del 80% de las enfermedades se originan debido a esta carencia.

Colombia no es ajena a esta problemática. Si bien en la Constitución Política el Estado adquiere una dimensión social como garante del bienestar de la población en cuanto a su satisfacción de las necesidad básicas, dos décadas después la cobertura de acueducto no está en todo el territorio, la calidad del servicio no es la esperada y los procesos de privatización del servicio, en opinión de los expertos, generaron sobrecostos para el usuario final. 

La situación en el Caribe colombiano. La región aún mantiene rezagos en la provisión de agua potable. Tan solo el 77,8% de sus habitantes cuenta con acceso al acueducto, por debajo de la media nacional de 80% de acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, situación que se agrava en el sector rural: solo 4 de cada 10 habitantes reciben constantemente agua apta para el consumo humano.

En cuando a la calidad del líquido que llega a los usuarios finales, la situación es más dramática. Solo el Departamento del Atlántico no está catalogado con riesgo en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), mientras que Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre reciben una evaluación de media, y La Guajira como baja. Es curioso que a pesar de la gran cantidad de recursos recibidos por los planes de agua financiados por organismos multilaterales y por las regalías, existan problemas de calidad.

La baja cobertura y calidad del servicio prestado por las empresas generan una situación de insatisfacción generalizada por parte de los usuarios. Los índices de satisfacción en las capitales departamentales están entre el 40% y el 75%.

La insatisfacción es resultado de las respuestas a las quejas y la claridad de la respuesta por parte de las entidades frente a peticiones del usuario; que suelen estar motivadas principalmente por la calidad, continuidad y tarifas del servicio.

El proceso de privatización. Desde que el gobierno de Belisario Betancourt asignara a los entes locales la administración de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, siguiendo la tendencia de descentralización y sin preparar a los órganos locales para su administración, las empresas creadas por los municipios no fueron sostenibles en el tiempo. Esto dio paso a la privatización de las mismas, años después.

Para el caso de Barranquilla, como muchas otras ciudades del país, se reconoce que la privatización fue una solución eficaz a los problemas de cobertura y calidad. Adicionalmente con la creación de la Triple A en 1991, que remplazó a la Empresa Pública Municipal de Barranquilla (EPMB), se logró también un avance significativo en la reducción de la burocracia y en aumentos de eficiencia operativa.

La EMPB llegó a tener 21 empleados por 1.000 usuarios, en momentos cuando las empresas de su tipo a nivel mundial operaban con de 3 a 5 empleados por cada 1.000 usuarios.

Se puede decir, que el sector ha carecido de un marco institucional apropiado a las condiciones socioeconómicas de los territorios, el cual se refleje en tarifas apropiadas a las condiciones de ingresos de las comunidades. Por ello, se puede calificar que el sector tiene un marco institucional débil, desarticulado y desorientado a nivel de política, vigilancia y control de tarifas.