Un informe de la ONU confirma que el accionar de la firma Mekorot -que construirá una planta potabilizadora en Punta Lara- produjo que se sequen manantiales en Medio Oriente, lo que agravó la escasez de agua en esa zona.

El Gobierno bonaerense tiene todo listo para servirle en bandeja el manejo del agua potable de la región a la empresa estatal, de origen israelí, Mekorot. Se trata de una firma seriamente cuestionada por organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, que acaba de emitir un informe con serias críticas al accionar de la compañía en Medio Oriente.

Concretamente, un documento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostiene que una misión de ese organismo fue enviada a relevar la situación hídrica en el valle del Jordán, detectando que “las perforaciones en aguas profundas por parte de Mekorot (compañía de agua) y Mehadrin (empresa agro-industrial) han causado que se sequen” pozos y manantiales.

El informe agrega que “el ochenta por ciento de los recursos totales de agua perforados en la zona es consumido por Israel y los asentamientos”.

Y también consigna que “la falta de disponibilidad de los recursos hídricos ha provocado una escasez crónica entre las comunidades”, como así también “una dependencia de Mekorot”.

Desde 1982, la infraestructura hídrica de Cisjordania es controlada por el ejército israelí, que la dejó en manos de Mekorot. La empresa administra allí un total de 42 pozos, que abastecen en su mayor parte a los asentamientos. Y vende algo a las empresas de suministro de agua, a partir de cantidades fijadas por las autoridades israelíes.

Las denuncias por el irregular  manejo del recurso hídrico también fueron consignadas oportunamente por otro respetado organismo, como Amnestía Internacional, que emitió el año 2009 un informe con conclusiones demoledoras.

Denunció “el desvío del río Jordán y sus afluentes, negando el derecho al agua desde su origen a la población” y “asignaciones restrictivas de agua de los acuíferos, así como restricciones a la construcción de nuevas instalaciones hídricas”.

Según Amnistía, se está incumpliendo “la obligación de respetar el derecho al agua, establecida en el Pidesc (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y según la cual los Estados Partes deben abstenerse de injerir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua”.

Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿si la empresa Mekorot es seriamente cuestionada en Medio Oriente, que garantías hay de que no tenga un comportamiento similar con el manejo del recurso hídrico en territorio bonaerense?

Existen sospechas de que, además de la construcción y operación de la planta potabilizadora de Punta Lara, el objetivo real de la presencia de Mekorot en territorio bonaerense es comenzar a llevarse el agua que, en Medio Oriente, es casi tan valiosa como el petróleo.

Mekorot tendría previsto potabilizar, solamente, el agua del Río de La Plata. El negocio se completaría con un nuevo aumento tarifario, que se sumaría a los incrementos de hasta 180% aplicados el año pasado.

En viarias oportunidades, desde este diario se intentó obtener la voz de alguna autoridad del gobierno provincial que explique las razones por las cuales se avanzó en el otorgamiento de la obra a esta empresa cuestionada, que construirá una planta potabilizadora que saldrá 180 millones de dólares, sin tener en cuenta las serias denuncias realizadas por organismos internacionales.

La respuesta del gobierno provincial siempre fue la misma: el silencio.

Las autoridades bonaerenses también callaron, en noviembre pasado, cuando todas las bancadas políticas de la Cámara de Diputados bonaerense aprobaron un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial dé explicaciones sobre varios aspectos oscuros de la obra asignada a Mekorot.