San José, 22 feb (elpais.cr) – Un estudio oficial reveló que 25 de las 34 cuencas hidrográficas de Costa Rica están contaminadas, mientras se ha encontrado presencia de contaminantes en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. 

El Informe DFOE-AE-IF-01-2013, de la Contraloría General de la República (CGR), publicado en su página, reporta “materia orgánica, nutrientes y sólidos, microorganismos peligrosos, metales pesados, plaguicidas e hidrocarburos”.

Asimismo, llama la atención la presencia de contaminantes emergentes tales como sustancias farmacéuticas y de cuidado personal, cuyos límites de concentración no están regulados en el país. 

El Área de Servicios Ambientales y de Energía, de la CGR, sostiene que en Costa Rica “No todos los usuarios tienen acceso a agua que cumple con los parámetros  físicos, químicos y biológicos establecidos para garantizar su calidad”. 

“Se  determinó que al menos un 8% de los habitantes del país recibieron agua de  calidad no potable para consumo humano suministrada por entes operadores como el AyA (Acueductos y Alcantarillados), las municipalidades y los acueductos rurales,  durante el año 2011”, indica. 

Entre tanto, otro 8% de población costarricense se abastece con agua cuya calidad es desconocida, pues “no ha estado  sometida a control o vigilancia”, tal es el caso de algunas concesiones de  agua para consumo humano otorgadas por la Dirección de Agua del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE),  y de los pozos sin concesión.

La auditoría de la CGR determinó la eficacia del  Estado en la protección de los cuerpos de agua ante la presión ejercida por las diferentes fuentes de contaminación, así como en el resguardo de la calidad del recurso hídrico para satisfacer los requerimientos de sus  diferentes usos, asegurando los derechos constitucionales a la salud  humana y del ambiente. 

La auditoría abarcó las gestiones realizadas por el  Ministerio de Salud, el MINAE, así como  el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) durante el  período comprendido entre el 1de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2011, y se extendió  cuando se consideró pertinente. 

“Resulta fundamental que las acciones del Estado se orienten a garantizar la  sostenibilidad en la asignación, uso y retorno del agua a sus sistemas  naturales, y de esta manera asegurar la calidad del agua en sus diferentes  usos a las actuales y futuras generaciones”, señala la CGR. 

“Lo anterior, por cuanto el agua,  en condiciones de deterioro, reduce el número de fuentes utilizables, eleva  los costos para el abastecimiento del recurso, favorece la proliferación de enfermedades de transmisión hídrica y pone en peligro el equilibrio de los  ecosistemas”, sostiene el estudio de auditoria.

La CGR asegura que los cuerpos de agua están altamente presionados a causa  de las diferentes fuentes de contaminación. 

Solamente el 5% del total de  vertidos domésticos a cuerpos de agua recibe tratamiento previo, debido a  insuficientes sistemas de tratamiento por parte del AyA, la Empresa de  Servicios Públicos de Heredia y las municipalidades. 

Además, existen debilidades en el funcionamiento de las plantas de tratamiento operadas  por esas entidades, aunado al mal uso de tanques sépticos. 

“No existe una  política nacional en la materia y resulta débil el control y vigilancia del Ministerio de Salud y el MINAE, lo que impide avanzar en la reducción de la  contaminación del recurso hídrico. A su vez, existe presión, en magnitud no  determinada, por parte de las fuentes difusas de contaminación, tema que  no está siendo gestionado en el ámbito nacional”, anota el estudio. 

Advertencia

Sobre la implementación de mecanismos que garanticen la conservación y  recuperación de los cuerpos de agua. Se encontró que las áreas de protección de los ríos Tempisque, Tárcoles, Térraba y Reventazón,  seleccionados por su representatividad para el país, cuentan con cobertura  forestal únicamente en un 54%. 

Asimismo, en el caso de 92 nacientes permanentes utilizadas para consumo humano, la cobertura forestal es del  59%. 

En esos dos casos, para la CGR, lo que corresponde es el 100% de cobertura forestal,  conforme a las regulaciones del país. Otros usos del suelo encontrados en  estas áreas, son cultivos e infraestructura, que son potencialmente contaminantes. En este caso, la vegetación ribereña es fundamental para  controlar la contaminación de los ríos, y la cobertura forestal es esencial  para la recarga de las nacientes. 

“Además, en 25 de las 34 cuencas del país se encontró presencia de  contaminantes en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Se  reporta materia orgánica, nutrientes y sólidos, microorganismos peligrosos, metales pesados, plaguicidas e hidrocarburos. Asimismo, llama la atención  la presencia de contaminantes emergentes tales como sustancias  farmacéuticas y de cuidado personal, cuyos límites de concentración no  están regulados en el país”, advierte el estudio. 

Áreas protegidas afectadas

En cuanto al uso recreativo del agua, cinco playas del país no son aptas para  recreación de contacto primario y 27 se encuentran en riesgo sanitario, sin  que el Ministerio de Salud haya implantado medidas correctivas.

Por otro lado, denuncia que el MINAE autorizó nueve casos de vertimientos de aguas residuales dentro de los límites de  Áreas Silvestres Protegidas, en las que también existen otros no autorizados, lo cual afecta a los ecosistemas usuarios del agua. 

Otros usos como industria, comercio, riego y acuicultura, no cuentan con parámetros de  calidad precisos, por ello se desconoce si el agua suministrada es de menor o mayor calidad a la requerida. 

La contaminación del agua ha repercutido  en la salud humana, pues se han detectado brotes de diarrea y otras  enfermedades de posible origen hídrico, así como en la salud de los ecosistemas al disminuir comunidades de macroinvertebrados bentónicos y  severa afectación de arrecifes coralinos. 

Ordenanzas

La CGR ordenó a los titulares de Salud, Ambiente y a la Presidencia Ejecutiva de AyA definir la política nacional en aguas residuales y a definir  el mecanismo para el manejo de la contaminación difusa. 

Igualmente, establecer un programa de inspección de las áreas de protección de ríos y nacientes, de  modo que se prevenga su contaminación; a definir un plan de monitoreo  para la recuperación de los cuerpos de agua deteriorados; y preparar la  estrategia para la solución gradual de la no potabilidad del agua.

Asimismo,  revisar la legalidad de los permisos de vertidos otorgados en Áreas Silvestres Protegidas (ASP), y definir  parámetros de la calidad de agua para usos productivos.