Con el objetivo de generar un uso más justo del agua, los diputados Marcos Espinosa (PRSD), René Alinco (Ind), Lautaro Carmona (PC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Luis Lemus (PS), Fernando Meza (PRSD), José Pérez (PRSD), Matías Walker (DC) y Adriana Muñoz (PPD), presentaron una moción (boletín 8960), que modifica el Código de Aguas y otros cuerpos legales respecto del uso de las aguas subterráneas.
Explican los autores que en las regiones del Norte, principalmente de Antofagasta y Atacama, regiones preponderantemente mineras, la situación es preocupante, puesto que la relación entre esta actividad económica y el uso de las aguas pugna con el desarrollo de otras actividades como la agricultura y la ganadería ovina, e incluso con el consumo humano.
Esto se debe a la mecánica utilizada por las empresas mineras para el uso de las aguas, autorizada por el propio Código de Minería, que establece que el titular de una concesión minera tiene, por el solo ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio que pueda realizar, según la especie de concesión de que se trate.
Estos derechos son inseparables de la concesión minera y se extinguirán con ésta. Lo mismo se aplica a las concesiones de energía geotérmica. Incluso la Constitución, en su artículo 19 N° 24, señala que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.
Según la Dirección General de Aguas (DGA), el consumo anual en Chile llega a 37,5 m3, lo que significa 288 litros por habitante al día. Al 2050 se cree que habrá 21 millones de habitantes, lo que implicará una demanda de unos 80m3, esto es, el doble que hoy. “Gran parte del agua en las regiones del norte ya está usada, pues según las estadísticas de la DGA, los recursos hídricos en esta zona están casi todos utilizados. Sólo quedan disponibles ciertos derechos de aprovechamiento eventuales (excedentes por aumento del caudal), que ya están siendo otorgados indiscriminadamente a privados, sin resguardos ni protección de las cuencas; otros sobre aguas subterráneas, utilizadas ya por empresas mineras; y algunos para hidroeléctricas, que notablemente son necesarias para nuestra generación de energía, pero que pugnan con el medioambiente local”.
Por ello, los diputados resolvieron presentar este proyecto de ley, independiente de las modificaciones que puedan hacerse a la propia Constitución Política, con la finalidad de eliminar la íntima vinculación que existe entre las concesiones de exploración y explotación de recursos naturales (mineras y de geotermia) con el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas halladas durante el ejercicio de actividades de la concesión.
Adicionalmente, se busca asegurar el correcto uso de los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados por la DGA e incorporar a los comités de agua potable rural, comités de riego y asociaciones de regantes, como titulares hábiles de ejercer derechos de aprovechamiento de aguas.
La moción será estudiada por la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
