En los últimos años la rapidez con que se ha reducido la disponibilidad del agua ha encendido las alarmas sobre la gestión de este recurso. 

La poca oferta hídrica podría disminuir aun más, dada la baja calidad de las aguas superficiales. Se estima que el 90 % de los ríos están contaminados. 

Esto repercute con mayor fuerza en la zona rural, en donde el 40 % de la población no cuenta con servicio de agua potable. 

El Estado, a través de su empresa autónoma, es el mayor abastecedor de agua potable y ha proyectado impulsar una serie de medidas para aumentar la cobertura de este servicio. 

A juicio de organizaciones ambientales, la puesta en acción de cualquier medida de gestión del agua requiere contar con un marco legal actualizado que regule su uso, distribución y protección, algo que acompaña el ministerio de Medio Ambiente. 

De momento existe consenso sobre la necesidad de un nuevo marco normativo del agua, sin embargo, organizaciones ambientales van más allá y piden que la Asamblea Legislativa ratifique la reforma constitucional que reconoce el derecho al agua como derecho humano fundamental.