La compañía holandesa Royal HaskoningDHV ha decidido romper su contrato con las autoridades israelíes de Jerusalén Este, a través del cual se comprometía a construir plantas de tratamiento de aguas residuales para abastecer a los asentamientos israelíes ilegales, decisión que ha tenido buena acogida entre algunos miembros de Naciones Unidas.

Richard Falk, experto y enviado especial de la ONU sobre Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, ha asegurado que "las instalaciones de tratamiento de aguas habrían servido para afianzar, todavía más, la anexión a Israel de Jerusalén Este, lo que es considerado como una violación del Derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas".

"Es alentador que las compañías internacionales se planteen seriamente su responsabilidad social corporativa y que sopesen las consecuencias legales, los costes económicos y los riesgos de reputación que tiene involucrarse en el mantenimiento y expansión de asentamientos ilegales israelíes en el territorio palestino ocupado", ha asegurado Falk.

En un comunicado oficial, Royal HaskoningDHV, la empresa de ingeniería más grande de Países Bajos, ha asegurado que "en el curso del proyecto y después de consultar con varios inversores, la compañía ha comprendido que involucrarse en esto podría constituir una violación de la ley internacional". Falk, por su parte, ha asegurado que la decisión de la empresa neerlandesa forma parte de una cada vez más habitual actitud contra el inclumplimiento del Derecho Internacional por parte de Israel. Falk ha hecho hincapié en que todos los acuerdos realizados con Israel no deben aplicarse en los territorios ocupados, y ha animado a otras compañías a que sigan "los pasos de Royal HaskoningDHV y pongan fin a su participación y de este modo, respeten la ley internacional".

El enviado especial presentará un informe sobre complicidad corporativa con empresas israelíes en la Asamblea General del próximo mes, en el que establecerá un modelo para realizar un análisis legal de las vías especificas que tomar en caso de que haya actividades en las que se vean involucradas empresas que estén potencialmente implicadas en delitos internacionales.