Europa mete prisa para que la región consiga depurar las aguas que corren por Extremadura. El objetivo es que toda corriente que salga de los pueblos en dirección al río llegue lo más limpia posible. En este proceso entra en juego la depuración. Si antaño esta limpieza se producía de forma natural, desde que la población ha aumentado y las industrias también, para devolver al río el agua en buen estado son necesarias unas instalaciones. Y teniendo esto en cuenta ya vamos tarde, además de lo complicado que resulta a los ayuntamientos controlar los vertidos industriales, la otra amenaza para la salud de nuestras cuencas.

La Directiva Marco del Agua (DMA) fue un paso adelante que dio la Unión Europea en el año 2000 respecto a la gestión y protección de las aguas, un recurso que considera esencial para la humanidad pues genera y mantiene el crecimiento económico asegurando la prosperidad de las regiones. Por todo ello, complementando otras disposiciones legislativas, Bruselas dio un plazo para que en 2015 todos los municipios ya dispusieran de algún mecanismo que depure sus aguas, siempre prevaleciendo criterios geográficos y de formaciones hidrológicas pues un río suele recorrer muchas fronteras y lo que se ensucia aguas arriba afecta aguas abajo. En la región extremeña hay 132 pueblos de la provincia de Badajoz (de 222) que aún no depuran sus aguas, y según el censo de vertidos autorizados de la Confederación Hidrográfica del Tajo, otros 63 en la de Cáceres (de 164), si bien la mayoría son de menos de 2.000 habitantes. A grandes rasgos, esto significa que en casi 200 municipios todo lo que tragan sus alcantarillas, fregaderos o tazas de váter va directamente al río o arroyo más cercano.

La Diputación de Badajoz, a través de su consorcio de gestión medioambiental, Promedio, ha avisado sobre este retraso. Y va más allá. Según su gerente, si la Junta de Extremadura estableció en junio de 2012 un canon de saneamiento, por el que ha recaudado ya más de 15 millones -según comunicó la semana pasada el director general de Presupuestos, Pedro Romero- lo lógico y recomendable sería que este dinero se empezara a invertir cuanto antes en esta materia para poner en orden y plazo la exigencia de Bruselas, «algo que no se está haciendo», avisan desde Promedio.

Al margen del efecto medioambiental de que aún existan municipios que no viertan en condiciones sus aguas al río, según Álvaro Jiménez, «pueden pasar dos cosas. O bien que la Unión Europea conceda una moratoria y amplíe el plazo de 2015, o bien que nos hagan pagar una sanción económica importante». El responsable de Aguas de la organización Ecologistas en Acción, Santiago Martín, tiene claro que Bruselas se decantará por la segunda opción, que materializará «congelando las ayudas comunitarias, no sé si a nivel de comunidad autónoma o de ayuntamientos que no hayan cumplido». Y añade que debiera ser ilegal que se recaude un impuesto por un concepto que luego se destine a otra cosa.

Aunque la Junta ha calculado que estos ingresos por el canon del agua son de 15 millones, en Promedio calculan una recaudación mucho mayor, de entre 40 y 50 millones. Jiménez lo razona explicando que «éste es un dato que estimamos anual y avalado por empresas del sector con las que trabajamos, pero no tenemos los datos exactos y la Junta de Extremadura tampoco nos lo facilita. En el caso que controlamos, Promedio ha recaudado en los dos semestres de 2013 unos 700.000 euros en canon de saneamiento para la Junta. Y sólo teníamos unos 60.000 habitantes en el servicio. Eso arroja una cifra anual extrapolada a Extremadura de más de 23 millones. Pero esto son solo gastos de los hogares. No se tienen en cuenta los grandes consumos industriales, que pueden suponer otro tanto».

Se dispara el coste por atascos

Este consorcio se encarga de asesorar y controlar la actividad de 46 depuradoras de aguas residuales en la provincia de Badajoz, donde otras tantas poblaciones le han encomendado esta tarea ante la imposibilidad de afrontar un asunto, el de la depuración de aguas, para el que no hay técnicos especializados en los ayuntamientos, que son las instituciones competentes en este área y tienen la obligación de depurar el agua de sus vecinos.

En los próximos meses la cifra aumentará a 49, por lo que este consorcio será responsable de más de la mitad de las estaciones de depuración de aguas residuales que hay en la provincia pacense.

Teniendo en cuenta que los 132 pueblos extremeños que aún no depuran son pequeños, su tamaño no impone unas exigencias de depuración como las de municipios mayores, donde lo habitual son estaciones que aplican el sistema de aireación prolongada. Pone como ejemplo el proyecto piloto que están desarrollando en Garbayuela (559 habitantes), basado en plantas macrofitas y humedales artificiales, en el que prima la sostenibilidad y el ahorro en su mantenimiento.

Sin embargo, no basta con tener un tipo u otro de instalaciones, advierte Álvaro Jiménez, que ha detectado un comportamiento poco responsable por parte de los ciudadanos cuando tiran los residuos que generan a diario. Esto implica, dice, que los costes de estas instalaciones se disparan, «sobre todo eléctricos, por no hablar de los perjuicios que producen a depuradoras materiales impropios por cuya causa deben detener o ralentizar su actividad».

Una encuesta realizada por Promedio a los trabajadores de sus 46 depuradoras revela que los residuos más habituales que no deberían llegar a las depuradoras son compresas, tampones y toallitas de higiene personal, que suponen un 86,4%. Los preservativos los citó el 63,6% de los encuestados, mientras que el 59,1 % se refirió a envoltorios, pequeños plásticos y latas. Todos estos elementos suelen formar bloques compactos que con frecuencia precisan de labores de desatasco. Ello exige un esfuerzo extra que se traduce en tiempo y por tanto en dinero, «pues es necesario retirar cada elemento en el pretratamiento de la depuradora, ya que al no ser materia orgánica no podrán ser devorados por los microorganismos existentes en sus piscinas».

El siguiente segmento de elementos que se depositan en las redes de saneamiento de forma indebida son los vertidos de aceites e hidrocarburos industriales (45,5%), las bolsas de plástico (45,5%) y restos textiles como trapos (40,9%). En el primer caso la limpieza y mantenimiento de la maquinaria agroganadera acaba en las alcantarillas y el vertido rompe por completo el ciclo biológico de la depuradora, obligando a gastar tiempo y dinero en recuperar el equilibrio para que se produzca la depuración.

Los vertidos industriales

No obstante, lo que verdaderamente preocupa a los gestores de estas estaciones de depuración es la actividad industrial. Y en estos momentos hay en marcha campañas que generan residuos muy tóxicos en su transformación. Jiménez se refiere a la uva y la aceituna. «El problema es que los responsables de la depuración son los ayuntamientos, cuyos alcaldes deben sancionar a las empresas que ensucian el río. Y si un alcalde tiene dos o tres industrias fuertes allí instaladas donde trabajan muchos vecinos del pueblo y tiene que ponerles una multa suele ser reacio a enfrentarse a estas empresas».

Personal de Promedio suele visitar estas industrias a modo informativo, sobre todo cuando llega la fecha de campañas como las citadas o en casos puntuales, como cuando hace unos meses detectaron que muchas toallitas higiénicas estaban llegando desde un geriátrico próximo a la Albuera que atascaba la depuradora de este pueblo. «Les explicamos que este material no hay que tirarlo al váter y más o menos se está solucionando».

El problema, insiste, viene con industrias de mayor tamaño. Rubén Sánchez, Técnico de Gestión de Aguas Residuales, explica que «a cada una de ellas le supone un coste depurar pues deben cumplir con unos parámetros con pequeñas depuradoras propias antes de verter a los colectores públicos, ya que el ayuntamiento depura el agua de sus vecinos, pero no el agua residual que generan estas empresas. Y nuestras instalaciones están diseñadas para cierto grado de contaminación, pero si éste se excede no pueden funcionar correctamente».

Además, en las instalaciones nuevas se exige una infraestructura de depuración antes de que la autoridad conceda la licencia para la actividad que va a desarrollar. «Pero hay casos en los que la empresa es antigua y no tiene implantado ningún sistema de este tipo, y según la inversión que les suponga son más o menos reacios a colaborar»

Al final, salvo en casos puntuales, como Almendralejo o Jerez de los Caballeros, apenas ha habido en la región sanciones por este motivo ni responsabilidades penales.

Por su parte, el Seprona, como Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, explica que actúa cuando alguien vierte al río ilegalmente, pero el problema es que los industriales vierten a colectores, una acción que no resulta fácil de controlar y que solo se advierte cuando se refleja en los medidores de salubridad de los ríos arroyos, es decir, demasiado tarde.