El petróleo aparece impregnado en la vegetación, en el agua estancada y sobre un pantano donde descarga una tubería. Técnicos del ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) muestran cómo se forman burbujas aceitosas con solo remover con un tronco el interior del pozo Aguarico 4, en el cantón Shushufindi (Sucumbíos). Le dicen al presidente Rafael Correa que en las inmediaciones hay cuatro familias que no pueden abastecerse de las fuentes naturales de agua y que el área ha permanecido así desde que Texaco dejó de extraer crudo del pozo en 1986.

Estas imágenes del 19 de septiembre pasado marcan el inicio de la campaña ‘La mano sucia de Chevron’ (empresa que compró las acciones de Texaco en el 2001) que inició el gobierno para mostrar la huella dejada por esta empresa que extrajo crudo en la Amazonía desde 1972 hasta 1990. Pero también es una muestra de las fuentes contaminantes de la actividad hidrocarburífera que siguen sin ser remediadas, tras más de cuatro décadas de explotación.

A las cerca de mil piscinas usadas para depositar los desechos de la extracción, que el Gobierno aduce dejó Texaco sin remediar, se suman otras que juntas totalizan 1.214. La cifra proviene de información recopilada hasta el 2010 en las provincias de Sucumbíos y Orellana por el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), un organismo adscrito al MAE creado en 2008. Entre sus competencias está dar seguimiento a la remediación luego de percances ambientales, como derrames, que generan daños al ecosistema y que este programa considera como pasivos ambientales.

En los anexos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 elaborado por Senplades se indica que solo 7% de las fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera han sido eliminadas, remediadas y avaladas por la Autoridad Ambiental Nacional (MAE) hasta el 2012. Y que el objetivo es aumentar este porcentaje al 60%.

Los derrames, ya sea en la fase extracción del crudo, en la transportación y en la refinación, han provocado la mayor parte de estos pasivos ambientales.

Según cifras del ministerio del Ambiente solo entre 2000 y 2010 se registraron 539 derrames en el país (un promedio de uno a la semana) causados por corrosión (28%), atentados (26%), fallas mecánicas (17,8 %), sin dato de causa (14,5%), fallas humanas (11,8%) y desastres naturales (1,9%). Mientras, en el litigio de los pobladores y activistas de la Amazonía contra Texaco (ahora Chevron) se ha establecido que esta operadora vertió al menos unos 18.000 millones de galones de petróleo.

En este juicio iniciado en 1993 se espera el fallo de la Corte Nacional de Justicia sobre el recurso de casación planteado por Chevron a la sentencia de segunda instancia de la Corte de Justicia de Sucumbíos del 3 de enero del 2012. Este dictamen obliga a la petrolera a pagar más de US$19.000 millones a los demandantes por los daños.

Para Alexandra Almeida, experta de la línea petrolera de Acción Ecológica (AE), independientemente de la tecnología que se aplique, siempre habrá riesgo de derrame. Dice que estos problemas serían más graves e irreparables en zonas de alta biodiversidad como la del bloque ITT, en la parte oriental del Parque Nacional Yasuní. Según estudios realizados por AE, en las zonas de mayor producción petrolera del país (Sucumbíos y Orellana) hay un promedio de tres fuentes de agua por km².

El petróleo que se derrama en la selva en la zona de producción incluye vertidos que están mezclados con aguas de formación, unas sustancias que fluyen del subsuelo con el petróleo y que resultan mucho más tóxicas que el crudo que se transporta en los oleoductos, dice Almeida.

La experta acota que en el uno por mil de afectación que, menciona el Gobierno, habrá en la explotación del ITT, no se consideran los posibles derrames que “serían desastrosos en una zona inundable (como es la de esta parte del Yasuní)”.

En el estudio La iniciativa Yasuní-ITT desde una perspectiva multicriterial, presentado en diciembre de 2011 por cuatro catedráticos universitarios, entre ellos Fander Falconí (ex director de Senplades en este Gobierno), se establece que “para el campo ITT se calcula una producción de agua (de formación) de 6.548 millones de barriles, esto es, 8,1 veces más agua que petróleo”. En el documento se indica, además, que en el ITT se podrían derramar 36.800 barriles considerando como indicador la tasa promedio de derrames por cada barril producido entre 1994 y 2001 (0,04 barriles por cada 1.000 producidos).

La tubería enterrada con instalaciones de fibra óptica a lo largo de su recorrido para detectar más rápido alguna baja de presión, que se ha anunciado se instalará para la explotación del ITT, no es garantía para que no ocurra un derrame. En los diez años que lleva OCP Ecuador operando el Oleoducto de Crudos Pesados, con ese mismo tipo de instalaciones se registraron dos derrames grandes. Uno fue el 25 de febrero del 2009, en la parroquia Santa Rosa de Quijos (Napo), que provocó el vertido de 11.070 barriles. El otro se presentó el 8 de abril de este año, en el recinto Wincheles (Esmeraldas), donde se derramaron 12.690 barriles.

Sin embargo, Almeida asegura que hay un subregistro ya que las cifras oficiales no incluyen a pequeños derrames o goteos permanentes que se dan a diario y que solo son perceptibles cuando baja la presión o los moradores dan la alerta. En el derrame de 2009 fueron los campesinos quienes se percataron de la fuga, según la experta.

Kelly Swing, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito que ha analizado los efectos de la actividad petrolera en la Amazonía, dice que antes la remediación se hacía superficialmente solo tapando la mancha negra. Las técnicas actuales implican la remoción de todo el material vegetal y mineral que tuvo contacto directo con la mancha a un sitio remoto para la biorremediación, un tratamiento con bacterias que pueden consumir los hidrocarburos.

Aunque advierte que la tarea es más complicada cuando el petróleo contamina las fuentes de agua. En ese caso, “la necesidad de incorporar in situ unos tratamientos bacterianos o químicos es imprescindible pero no se recomienda el uso de químicos que son tóxicos para la flora y fauna (...). Hay otras opciones pero estos productos orgánicos no han sido importados al Ecuador todavía”, agrega el experto.

En la zona que se remueve se siembran especies de árboles para conseguir recién tras una década la apariencia de un bosque de estatura baja. “Pero el ecosistema no habrá recuperado ni la décima parte de su diversidad”, acota Swing.

La Constitución, en sus artículos 396 y 397, determina la intervención inmediata del Estado en la remediación ambiental y contempla cinco elementos para una reparación integral.

Inés Manzano, experta en derecho ambiental, cuenta que las regulaciones para la remediación están contempladas en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (Tulas) y el reglamento para las actividades hidrocarburíferas, entre otros. “No es un problema de leyes. Más bien hay que asignar más presupuesto para garantizar la eliminación de las fuentes contaminantes existentes y mejorar el control”, manifiesta.

"En un sitio con tanta biodiversidad la idea de recuperación es una farsa. No podemos reemplazar cientos de especies de plantas en una hectárea”, dijo Kelly Swing, catedrático.