México.- El agua debe elevarse a un nivel de máxima protección en México dentro de una reforma que garantice una política pública nacional de largo plazo, para que los gobiernos le den seguimiento de forma integral, opinó Alfonso Iracheta, asesor del Sistema de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos.
Ante la problemática del abasto del agua, la presidenta de la Comisión Especial de la Cuenca del Sistema Cutzamala en la Cámara de Diputados Blanca Estela Gómez Carmona, afirmó que la fragmentación institucional en el manejo del líquido genera duplicación de esfuerzos y pérdida de recursos.
Durante el seminario y taller sobre planeación del desarrollo en territorio y gestión de recursos hídricos con enfoque, la legisladora urgió a encontrar la fórmula idónea para que el país encuentre el camino hacia el desarrollo vinculado a la protección de los recursos naturales.
Indicó que reducir la desigualdad territorial, fortalecer la institucionalidad social y la participación ciudadana “son desafíos relacionados con la eficiencia del Estado para lograr la cohesión social, donde el reto es crear políticas integrales y coordinadas que garanticen una correcta administración de los recursos naturales”.
Esos recursos, mencionó, deben utilizarse para generar una riqueza sustentable que se traduzca en mejores niveles de calidad de vida de la población, mediante la planeación, la cual adquiere relevancia para promover el desarrollo social que impulse también los cambios estructurales.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó la importancia de incrementar la participación ciudadana articulada y centrada en la protección y uso racional de los recursos hídricos, también como herramienta para fortalecer la democracia.
“En el caso de la Cuenta del Sistema Cutzamala, los diputados estamos en la mejor disposición de sumar esfuerzos para fortalecer la coordinación intersectorial e intergubernamental y el desarrollo de mecanismos de gestión, para apoyar iniciativas que integren todos los mecanismos para preservar los recursos hídricos”, aseguró.
A su vez, la legisladora priista Cristina González Cruz manifestó la decisión de los integrantes de la comisión especial por impulsar de forma responsable y congruente reformas que protejan el recurso hídrico del país en vinculación estrecha con los investigadores y académicos, para incluir sus propuestas en el marco jurídico.
Aunado a ello, llamó a sumar a los ciudadanos para que se concienticen en el cuidado de los recursos naturales, a fin de que el trabajo sea integral y las propuestas legislativas se enriquezcan para vincular a los diferentes niveles de gobierno.
En tanto, Iracheta Cenecorta, también coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Ambientales de el Colegio Mexiquense, sostuvo que el agua se ha convertido en una mercancía, cuando es un derecho que el Estado debe garantizar.
Recomendó cambiar el concepto para evitar considerar a este recurso natural con una perspectiva empresarial.
Cuestionó que la población más pobre y marginada pague por el líquido de cinco a 10 veces más que los sectores con más poder adquisitivo, por lo que urgió a diseñar una reforma legislativa que contemple una estrategia integral.
Señaló la existencia de desarticulación y limitaciones en la legislación vigente que regula el manejo del recurso hídrico, ya que en todas las leyes que existen “no se encuentra una política hidráulica de largo plazo”.
Sugirió revisar el marco jurídico para garantizar que el recurso sea un bien público sustentable y establecer en su manejo el principio del Ciclo Integral del Agua en un marco de utilidad pública, para que los tres órdenes de gobierno lo respeten y lo apliquen, y en caso de no hacerlo sean sancionados.
Ese ciclo implica reglas comunes para articular la captación, infiltración, captura, distribución, consumo y reutilización del líquido vital, precisó.
Por otra parte, la directora de Manejo Integral de Cuencas Hídricas, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Helena Cotler Dávalos, se refirió a la inconveniencia de entubar los ríos en lugar de sanearlos.
Expuso que las políticas públicas no tienen un enfoque de cuenca para el manejo de este recurso, ya que prevalece la tendencia de pérdida de la biodiversidad, por lo que dijo que es urgente que la población se sume a las acciones para preservar el agua.
A su vez, el titular de la Dirección General de Planeación Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Salomón Díaz Mondragón, expresó que el mayor reto en los programas de reordenamiento económico es lograr que una cuenca hídrica sea compartida, se articulen estrategias y se logre un manejo sustentable.
Añadió que el concepto de cuenca y su manejo ya está incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; y destacó la necesidad de que los estados emitan un marco jurídico para el reordenamiento ecológico con enfoque de cuenca, así como incorporar las investigaciones en las estrategias del manejo hídrico en el país.
