México.- La Comisión de Protección Civil en la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para investigar y las autoridades alertaron a la población en tiempo y forma ante el paso de los huracanes Ingrid y Manuel.
El punto de acuerdo exhorta para este fin a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública para investigar a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Sistema Nacional de Protección Civil.
Además de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la presunta omisión en la que podrían haber incurrido al no alertar a las comunidades oportunamente y tomar las medidas necesarias.
La instancia legislativa pidió “informar públicamente del resultado final de dicha investigación”.
La propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano y sostiene que las cifras son impresionantes ya que ambos eventos dejaron a su paso 147 muertos, 35 heridos, 53 desaparecidos y 248 mil 477 personas afectadas, de las que 50 mil fueron evacuadas y llevadas a albergues.
Las contingencias se presentaron en 23 estados del país, “constituyendo uno de los desastres naturales más impactantes en los últimos años en territorio nacional”, indica.
Por lo tanto, dice, se deben investigar y afrontar las responsabilidades por la autorización de asentamientos en zonas de alto riesgo, así como por la probable omisión o negligencia en la emisión de las alertas por los ciclones mencionados.
En la propuesta, argumenta que los fenómenos meteorológicos, como todo evento natural no pueden evitarse sobre todo en la actualidad, donde el cambio climático es el común denominador y la causa principal de ellos. Sin embargo, los daños pudieron haber sido menores.
Es cierto que el desgajamiento de cerros, el desbordamiento de presas y ríos, la afectación de carreteras y el aislamiento de pueblos son el resultado de las precipitadas fuerzas de la naturaleza.
Sin embargo, la responsabilidad de las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno era alertar en tiempo y forma a la población, a fin de reducir al máximo los estragos, enfatiza.
Cuestiona que los expertos de Conagua no hayan estimado los volúmenes de agua y verificado las presas o ríos desbordados para avisar del peligro a Protección Civil, emitir la alerta roja y desalojar a la población para evitar más muertes.
Recuerda que la Coordinación Nacional de Protección Civil se deslindó y reportó “los que fallecieron fue por actos de corrupción de funcionarios que extendieron permisos para construir viviendas, carreteras, hoteles e infraestructura de servicios en zonas de alto riesgo”.
“Pero no enuncia por qué no emitió la alerta roja, y si ya existían muertos y había deslaves e inundaciones”, agrega.
El punto de acuerdo precisa que dadas las circunstancias actuales, se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, para que “aceleren la revisión del proyecto de Reglamento de Protección Civil”, a fin de que sea publicado lo más pronto posible.
También avaló solicitar a los gobiernos de Baja California y de Tijuana, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, entregar un informe relativo al estatus legal de la Compañía de Gas Tijuana, S.A. de C.V. (Z Gas), instalada en La Mesa, que permita evaluar el nivel de riesgo al que está expuesta la población que vive en los alrededores.
