Ciudad de México.- La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados continuó con sus críticas con respecto a la Reforma Energética, esta vez mencionando los riesgos ambientales que podría ocasionar su extracción y desmintiendo los supuestos beneficios económicos que promovieron quienes la aprobaron.

La diputada Graciela Saldaña señaló que el mecanismo de extracción de gas y elementos que se encuentran en el subsuelo, conocido como fractura hidráulica (o fracking en inglés), que consiste en la perforación de pozos verticales donde se inyecta agua con arena y químicos que destrozan a presión el interior para liberar los elementos que se estén buscando, es perjudicial para el medio ambiente y las regiones donde se pretenda explorar.

Saldaña dijo que el material inyectado favorece las fisuras e incluso podría disolver la roca. Añadió que el gas lutita se encuentra atrapado entre rocas esquisto, minerales que se ubican entre los mil y 5 mil metros de profundidad y para cuya extracción es necesaria la perforación mediante un líquido constituido por: 90 por ciento agua, 8 ó 9 por ciento agentes apuntalantes y 1.2 por ciento productos químicos de alta toxicidad.

El procedimiento es costoso e implica la perforación de diversos pozos hasta lograr la extracción requerida, lo que genera una enorme contaminación de volúmenes de agua y genera residuos peligrosos por la combinación del agua con químicos.

La diputada se mostró preocupada frente al destino de esta clase de deshechos químicos, porque podrían ser vertidos en mares, ríos o lagunas, con la consiguiente contaminación de mantos acuíferos y freáticos, porque esencialmente el procedimiento consiste en una fractura, situación que advirtió ocurre ya en Coahuila.

La perredista también calificó como crimen ambiental, los perjuicios que ocasionarían los agentes privados, Petróleos Mexicanos (Pemex) o el Gobierno Federal, si el daño ambiental se consuma y repercute en la salud de los mexicanosa, a partir de la aplicación de esta reforma constitucional avalada por el Congreso de la Unión.