La legisladora Lucila Garfias Gutiérrez informó que presentó una iniciativa que busca reformar el artículo 8 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y el 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar el agua potable en las escuelas.

Detalló que su propuesta pretende adicionar el marco legal para materializar este derecho en políticas públicas que hagan realidad la garantía de abastecimiento de agua potable apta para el consumo humano, concretamente para la población infantil en las escuelas públicas y privadas.

Esta problemática, detalló, adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que con la construcción de la nueva escuela mexicana se prevé la incorporación de más planteles de tiempo completo, por lo que las jornadas educativas serán más extensas, al igual que las necesidades de agua y alimentación.

Dicha iniciativa, argumentó, sería una medida de equidad en la población infantil, ya que según la Encuesta Nacional de Salud 2011, las familias con mayores recursos económicos y culturales incluyen el consumo de agua entre sus hábitos cotidianos, mientras que las de menos recursos tienen malas prácticas alimenticias con un alto consumo de refrescos y bebidas azucaradas.

Aseveró que de aprobarse esta reforma se contribuiría a contrarrestar el sobrepeso y la obesidad infantil, que de 1999 a 2006 se incrementó en México en 40 por ciento, factor asociado con el consumo de bebidas azucaradas que se triplicó en estos mismos años.

La diputada señaló que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en promedio, las familias mexicanas destinan uno de cada 10 pesos de su ingreso total a la compra de refrescos, y en comunidades rurales siete de cada 10 niños desayunan con ese tipo de bebidas.

Garfias Gutiérrez abundó que dentro de la Agenda Legislativa de su grupo parlamentario, uno de los ejes estratégicos es la Educación y la Salud, por lo que están comprometidos en garantizar la educación pública de calidad para las niñas, niños y adolescentes.

Destacó que el mal estado de las instalaciones de agua y saneamiento en las escuelas provoca que los niños no obtengan una educación de calidad y afecta la asistencia escolar, por lo que el líquido potable limpio y el saneamiento son esenciales para el cumplimiento de todos los derechos humanos.

La integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez de San Lázaro, señaló que el gobierno mexicano, en sus tres niveles, debe incluir entre sus máximas prioridades generar las condiciones necesarias para que la población tenga acceso al agua como lo señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mencionó que de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la mejora de los servicios de agua potable podría reducir al año el número de fallecimientos en la población infantil, además aumenta el aprovechamiento escolar porque se detectan menos ausencias por enfermedades.

Asimismo, el adecuado suministro de agua potable y saneamiento contribuye en la economía del país, ya que reduce gastos en materia de salud y facilita retornos de inversión en los rangos del dos al siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese sentido recalcó que es impostergable la obligación que tiene el Estado de garantizar el agua potable en las escuelas.

Además, debe quedar establecido en el marco jurídico, en cumplimiento de la mesa redonda internacional sobre agua, saneamiento, educación e higiene para las escuelas (Roundtable on Water, Sanitation & Hygiene Education for Schools), celebrada en 2010 en Oxford, Reino Unido, en donde el UNICEF advirtió de este problema, puntualizó.