México.- Integrantes de la Coalición Agua para Todos y Agua para la Vida, entre otras organizaciones, exigieron a los diputados federales no modificar el Artículo 28 Constitucional, pues aseguran que se abriría la gestión de este recurso a las fuerzas del mercado.

En la misiva entregada a diputados de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, que cuenta con apoyo de investigadores y miembros de la sociedad civil, advirtieron el riesgo de la modificación legal.

Consideraron que si la gestión de aguas nacionales es clasificada como una “actividad prioritaria”, en lugar de su actual estatus de “asunto de carácter estratégico”, se permitiría a la iniciativa privada gestionar toda el agua en el país.

“El agua es un bien público y común, proveniente de la naturaleza. La propuesta es incompatible con el Artículo 4 Constitucional que reconoce el derecho humano al agua y saneamiento”, argumentaron.

Además, la reforma de 2012 exige la aprobación de una Ley General de Aguas que establecerá la participación de la federación, entidades federativas, municipios y ciudadanía para garantizar “el acceso y uso equitativo y sustentable del recurso hídrico”.

De hecho, el sistema de concesiones ha dado por resultado el acaparamiento del agua en pocas manos y la marginalización de muchos al goce de ese recurso.

De ahí la necesidad de aprobar una Ley General de Aguas que permita un aprovechamiento sustentable y equilibrado, con criterios de justicia social.

En ese sentido, las organizaciones exigieron a los legisladores rechazar la minuta de la iniciativa inicialmente presentada en 2006 que dejaría la gestión del agua en manos privadas.

Recordaron que los mecanismos del mercado, sobre todo en un tema tan sensible, podrían ser fácilmente contrarios al derecho humano de acceso al agua y saneamiento que el Estado se encuentra obligado a garantizar.

Por separado, la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), pidió hacer más estrictas las leyes sobre el cuidado del agua, a fin de garantizar un manejo sustentable y el abasto para la población.

Asimismo, urgió a establecer políticas de corto, mediano y largo plazos que consideren la participación de la sociedad civil, el fomento de la educación en cuidado del agua, así como frenar la participación privada en su gestión.