Las disputas por el acceso y uso del agua son cada vez más recurrentes por "el choque evidente entre los intereses económicos y los intereses sociales", dice Ramón Ojeda Mestre, director de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental.

En México, donde 101 de sus 282 acuíferos más importantes están sobreexplotados, hay actualmente disputas por el agua en al menos 7 estados, de acuerdo con documentación de organizaciones ambientalistas y expertos. Estas entidades son: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz sin contar el histórico conflicto por el tratado de aguas entre México y Estados Unidos.

 ACUEDUCTO EN LA HUASTECA

En Veracruz y San Luis Potosí ya se perfila una disputa como la que actualmente protagoniza Sonora por la construcción y operación del acueducto Independencia.

En diciembre pasado, el Gobierno federal anunció la construcción de la presa Monterrey VI, que significará una inversión de 14 mil millones de pesos para garantizar el abasto de agua a las zonas metropolitana y conurbada de Nuevo León, durante los próximos 50 años.

De acuerdo con el proyecto ejecutivo, el acueducto tendrá una longitud de 520 kilómetros, que arrancará desde el río Pánuco, en Veracruz y su límite con San Luis Potosí, donde ubicarán la toma. La obra atravesará Veracruz, SLP, Tamaulipas y Nuevo León para llegar a la capital de este último estado.

Productores de la región Huasteca de ambos estados han levantado la voz para advertir sobre los efectos en sus campos, al afectar el caudal de agua. Especialmente los pobladores de los municipios potosinos de Tamuin, Ébano y San Vicente, quienes han advertido que buscarán un amparo judicial contra el proyecto

El proyecto se ha pospuesto al menos en dos ocasiones, pero el año pasado el gobierno de Nuevo León informó que sobre los avances del proyecto ejecutivo, que ya cuenta con la autorización de los gobiernos de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, mientras Nuevo León tiene ya el título de concesión de agua de la cuenca del río Pánuco.

Está pendiente que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expida la aprobación del manifiesto del impacto ambiental. Sin embargo, en su primera gira a Nuevo León como presidente, Enrique Peña Nieto comprometió los recursos y aseguró la construcción de este acueducto.

 NUEVO LEÓN-TAMAULIPAS

Por su baja disponibilidad de agua, Tamaulipas también ha protagonizado conflictos con su vecino Nuevo León por la disposición de agua de la presa El Cuchillo, garantizada en un acuerdo firmado en 1966.

Pero a los tamaulipecos el agua de Nuevo León ya no les alcanza, y las autoridades de esa entidad también buscan el recurso en presas de Coahuila y Chihuahua para sembrar 200 mil hectáreas de granos, según ha informado la Secretaría de Desarrollo Rural del estado.

 MENONITAS VS EL BARZÓN

En este estado, menonitas y agricultores de El Barzón protagonizan desde una disputa por la extracción de agua de pozos ilegales.

Los barzonistas acusan a los menonitas de retener el agua para sus comunidades, afectando a productores agrarios, y de recurrir a permisos falsos para perforar pozos en zonas protegidas por el decreto que en marzo pasado expidió el Gobierno federal para prohibir más perforaciones en 43 de los 61 acuíferos de Chihuahua.

El conflicto ha involucrado ya a las autoridades. La Comisión Nacional del Agua emprendió desde el año pasado acciones de clausura de pozos ilegales, aunque en ocasiones sus inspectores han sido amenazados y aun retenidos y detenidos en retenes colocados por las comunidades menonitas.

Las autoridades locales mantienen operativos de vigilancia y han intentado negociar con las partes, pero la perforación ilegal sigue, a pesar de las acciones recurrentes de Conagua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Policía Federal, que ha intervenido y hasta detenido a productores menonitas sorprendidos cuando perforaban pozos.

La Secretaría de Agricultura del Estado estima que en Chihuahua hay aproximadamente 500 pozos perforados clandestinamente, en zonas que eran de pastoreo y hoy son campos de maíz para la producción de etanol.

 EL CONFLICTO MÉXICO-EU

Para los mexicanos del norte, el agua también es tema de soberanía, ya que son los primeros afectados por la distribución de agua entre México y Estados Unidos, de las cuencas de los ríos Colorado y Bravo, con base en un acuerdo de 1944.

Ya ambos países acordaron que Estados Unidos permitirá a México almacenar en el Lago Mead, ubicado en Nevada, el agua que no utiliza en el riego del Valle de Mexicali, pues el gobierno mexicano todavía no reconstruye los sistemas de riego dañados durante el sismo del 4 de abril de 2010.

Según los acuerdos recientes, la parte del agua que no se puede almacenar y que México no utiliza, se dejará correr por el Río Colorado para recuperar los ecosistemas que no reciben agua desde hace años, porque es captada antes de llegar al Golfo de California.

De acuerdo con el tratado, México recibirá inversiones de Estados Unidos para mejorar el uso del agua. Sin embargo, las autoridades de Arizona, California y Nevada aseguran que ya "compraron" el agua que proviene de México y la destinarán a abastecer a sus poblaciones.

El Tribunal Latinoamericano del Agua ha recomendado a México equilibrar los intereses económicos con los derechos ambientales y sociales. Y no sólo para lograr el uso del agua de lluvia y permitir la recuperación del ciclo natural del agua, sino para evitar que el recurso se siga agotando y los problemas sociales en torno de éste se agraven.

El Tribunal Latinoamericano del Agua ha alertado sobre "el creciente deterioro del derecho humano al agua en la República Mexicana y la insuficiencia de mecanismos jurídico-políticos para detenerlos". Además, advirtió a los tres órdenes de gobierno de México sobre "los niveles de conflictividad social y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla".

En México, el 8 de febrero de 2012 se modificó el artículo 4 de la Constitución para incluir al agua entre los derechos humanos. Esta modificación obliga a revisar y adecuar los artículos 27, 73 y 115, así como a actualizar las entidades gubernamentales que administran el agua en el país.

Sin embargo, el país va rezagado en la materia. De acuerdo con una investigación de Carolina Ochoa Martínez, catedrática de la Facultad de Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana, la demanda de agua en México se incrementó seis veces en la última década, "lo que equivale al doble de la tasa de crecimiento demográfico".

La investigadora establece que hacia 1900 el consumo per cápita anual en México era de 250 metros cúbicos, mientras que en la actualidad es de 700 metros cúbicos al año, y advierte que de continuar este ritmo acelerado de gasto, para el 2025 dos de cada tres personas enfrentarán graves problemas de escasez de agua.

Destaca además que por cada metro cúbico de aguas residuales contaminadas que se descargan en acuíferos,"se vuelven no aptos para el consumo entre 8 y 10 metros cúbicos de agua pura".

Para la OCDE el manejo del líquido en México es "insustentable" pues la inversión en infraestructura es de las más bajas: apenas la mitad de lo necesario para alcanzar un escenario sano.

De acuerdo con el diagnóstico del organismo internacional, en México no se respetan las normas, las pérdidas en el suministro son elevadas, se sobreexplotan las aguas subterráneas y los aspectos ecológicos de la calidad del recursos reciben poca atención.

Por lo anterior, recomienda aumentar la inversión, alentar a las empresas proveedoras de agua potable y de manejo de aguas residuales para que obtengan la certificación ISO y elevar el funcionamiento operativo de las plantas de tratamiento.

También, mejorar la eficiencia del uso de líquido para la agricultura de riego, así como adoptar medidas para detener la sobreexplotación de mantos acuíferos.