México, D.F.- En la nueva iniciativa de Ley de Agua Potable y Saneamiento debe contemplarse el líquido como un derecho humano y no como una mercancía, por lo que no se permitirá la privatización del servicio o aumento arbitrario de tarifas, aseveró la diputada del PRD, Teresa Mojica Morga.

“Bienvenidos los operadores de agua, ellos pueden ayudar a los municipios y gobierno a proporcionar el servicio, pero vamos a trabajar en la Cámara de Diputados para regular estas participaciones”.

“Porque se tiene que legislar con conciencia social para no afectar a los que más necesitan del líquido, no permitiremos que los más vulnerables sean privados de este recurso”, agregó.

La integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aseguró que los legisladores deberán respetar el espíritu del Artículo cuarto Constitucional donde se garantiza el derecho al vital líquido.

Este artículo indica ”toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Además, “el estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los derechos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que la legislación también debe contemplar las particularidades de cada estado ya que no tienen la misma disponibilidad de agua en el norte que en el sur del país.

“Debemos de tener gran sensibilidad en este tema, los operadores de agua no deben dar el servicio en función de las ganancias, se tienen que buscar opciones para su manejo, deben dar mejor servicio, con una tarifa justa y tomar en cuenta la vulnerabilidad y marginación en la que viven millones de personas”, indicó.

Planteó que las asignaciones otorgadas a los sistemas del Distrito Federal, estatales o municipales de agua potable y alcantarillado para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o de subsuelo, uso público urbano y prestación del servicio deben tener prioridad sobre concesiones de aguas nacionales.

La Cámara de Diputados estará obligada a dar el debate en todas las propuestas de ley como la expuesta por la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento S.A (ANEAS), pero el PRD defenderá su postura de no a la privatización en el servicio de agua, aseguró.