Campesinos de la zona centro del estado, denunciaron en rueda de prensa que si el gobierno de Veracruz decreta área protegida al lugar donde pretendía construirse la presa hidroeléctrica de El Naranjal, se agudizará la pobreza en la región, ya que los terrenos son ejidales.
El pasado 5 de junio el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció que desde la Barranca de Metlac, la cuenca hidráulica del Río Blanco hasta Cuitlahuac se decretaría zona protegida. Esto tras intensa lucha de las organizaciones civiles para impedir la construcción de la presa hidroeléctrica de El Naranjal.
Sin embargo, “no se trata de que gobierno quiera resolver de esa manera el problema, pues se trata de que se respete la zona, se cuide el ambiente y se permita la siembra, que es de lo que se sustentan las familias en esa zona tan golpeada por la pobreza y la indiferencia gubernamental”. Y es que además, observaron que “esa declaración tiene fuertes implicaciones jurídicas y políticas, porque la tierra bajo el régimen ejidal o comunal pasaría a la tenencia federal, y con ello el gobierno tendrá todo el poder legal para disponer de esas tierras una vez que se publique el decreto”.
Campesinos e indígenas integrados en la Unión de Todos los Pueblos Pobres, Comuneros del Valle de Tuxpango, y otras organizaciones, advirtieron que si el gobierno se apropia de esa área e impide la siembra, “si así hay pobreza, si la tierra no se siembra, la miseria sería aún más severa”.
En la Sierra de Zongolica y sus Valles persiste la pobreza, marginación, miseria, desempleo, desnutrición, migración, y estos factores se agudizarán si el gobierno impide que esas tierras de uso ejidal, se siembren.
“Resistimos y luchamos organizadamente por defender nuestros derechos humanos y constitucionales como el derecho a la vida, al trabajo, tierra y al usufructo de sus recursos naturales… Pedimos que se declare la cancelación definitiva y perpetua de cualquier mega proyecto en la región, que las tierras y recursos naturales conserven la tenencia de sus dueños originarios ejidatarios o bienes comunales”.
Los afectados piden que el gobierno de Veracruz no permita la instalación de la presa hidroeléctrica del Naranjal, lo cual devastaría toda la región; y que no se decrete el área como protegida, pues la zona es fértil en siembra, y las familias de la región viven de ello.