Acapulco, Guerrero.- A mes y medio del paso de la tormenta tropical ‘Manuel’ y el huracán ‘Ingrid’, hay muchos nombres de ex funcionarios y actuales servidores públicos que aprobaron proyectos, otorgaron permisos e impulsaron el desarrollo de la Zona Diamante y Llano Largo de este puerto internacional, pese a las evidencias y restricciones que advertían de los riesgos de edificar obras de alto impacto.

En esta lista también aparecen grandes constructoras que ignoraron advertencias, o en su caso, incumplieron con normas técnicas para dar certeza a sus clientes, la mayoría de ellos atraídos por tener una casa en “el paraíso”.

El pasado 29 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una investigación por parte del gobierno federal para determinar las responsabilidades en que incurrieron empresas constructoras y autoridades locales.

Peña Nieto pidió al gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero, integrar indagatorias para sancionar a los responsables.

Pero, hasta el momento, los algunos de los que serían los presuntos responsables sólo han visto sus nombres en medios de comunicación, sin procedimientos administrativos o judiciales del gobierno federal o estatal en su contra.

Y mientras siguen las acusaciones, sin saberse los nombres y apellidos, las poblaciones damnificadas siguen padeciendo los estragos de las intensas lluvias de septiembre pasado, con una ayuda que llega lentamente.

Advertencias añejas

En 1967, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró el Aeropuerto Internacional “Juan N. Álvarez”, situado en la región Plan de Los Amates que forma parte del lecho original de la Laguna de Tres Palos. Entre las obras adyacentes se contempló un canal para desfogue de demasías en caso de posibles inundaciones.

Luis Aveylera Santos, quien fue coordinador de Asesores del Fideicomiso Acapulco y quien perteneció a la Coordinación del Plan Hidráulico Nacional, aporta datos precisos de la zona:

En la zona de Llano Largo, en la ladera sur oriente del cerro de dicho nombre, existía una barra natural que actuaba como protección para evitar que los escurrimientos del cerro Llano Largo llegaran al río de La Sabana y permanecían encapsulados naturalmente hasta su evaporación que duraba entre tres y cuatro meses después de los períodos de lluvias, a la vez que enriquecían los suelos aptos en aquel entonces (1930-1980) para la realización de actividades agrícolas.

Durante el periodo de Luis Echeverría, se construyó la unidad habitacional “El Coloso”, que fue el primer agravio contra el ecosistema pues se edificaron cerca de 25 mil casas en la ladera sur oriente del cerro de Llano Largo con el consecuente cambio del uso del suelo.

También se dio inició a la construcción de “Ciudad Renacimiento” en terrenos proclives a inundaciones en La Sabana, destinados originalmente a la plantación de cocales y otras siembras agrícolas.

Posteriormente, el presidente José López Portillo ordenó la construcción de la carretera que une a Puerto Marqués con La Venta.

Con independencia de que la Ley Federal de Aguas vigente en ese entonces, determinaba que la zona federal, para efectos hidráulicos, debía respetar 10 metros del cauce del río o lago que se tratase, la zona de La Sabana era un terreno natural de desfogue cuando la laguna de Tres Palos presentaba excedentes, por precipitaciones pluviales extraordinarias, situación que se presentaba casi cada año.

Aveleyra Santos señala que para las autoridades estatales y municipales, la zona siempre fue objetivo para el crecimiento urbano del puerto de Acapulco por ser una parte de planicie y por la explosión demográfica en las últimas tres décadas.

En 1989, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) advirtió al gobierno estatal, bajo la batuta de José Francisco Ruiz Massieu, y a las autoridades municipales, que no podían construirse unidades habitacionales sobre las zonas limítrofes a la Laguna de Tres Palos, porque eran zonas de  humedales, manglar y de fácil inundación en caso de grandes avenidas.

Las recomendaciones emitidas por el gobierno federal no fueron tomadas en cuenta. Al contrario, pues en el Plan de Desarrollo Urbano de Acapulco se permitió la rehabilitación del Club de Golf “Tres Vidas”, cuya construcción se realizó en tiempos de Luis Echeverría, pero que fue invadido por los ejidatarios y no funcionó hasta que Ruiz Massieu negoció para ponerlo nuevamente en operación.

El grupo constructor GEO entregó en 1997 un total de 800 viviendas de la Unidad Habitacional “Luis Donaldo Colosio”. Meses después, la constructora CECSA inauguró “Princess del Marqués 1 y 2”.

Estos fueron los primeros negocios inmobiliarios en la zona autorizados por los alcaldes Rogelio de la O Almazán (1993-1996) y Juan Salgado Tenorio (1996-1997), quien tuvo que renunciar a la alcaldía por los errores que cometió en la emergencia del huracán ‘Paulina’.

En 1998, por los estragos de ‘Paulina’, el ayuntamiento de Acapulco aprobó el Plan Director de la Zona Metropolitana del puerto, donde se asentó que no debía permitirse el desarrollo inmobiliario en Llano Largo y otras zonas no aptas para edificaciones de alto impacto al medio ambiente.

En 1999, se firmó entre la entonces delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las Asociaciones de Pescadores y el Aeropuerto Internacional de Acapulco “Juan N. Álvarez”, un Protocolo de Prevención de Riesgos, que entre las medidas principales contemplaba la apertura de la Barra Vieja en caso de posible amenaza de inundación o bien cuando las aguas provenientes de la Laguna de Tres Palos amenazaran con desbordamientos.

En dicho protocolo se estipuló que en tal caso y para evitar un suceso intempestivo, el Aeropuerto enviaría maquinaria para horadar el suelo y abrir la Barra. Cuando los aeropuertos dejaron de ser públicos y fueron concesionados, es probable que tal medida haya dejado de tener vigencia, no se respetó o bien las autoridades actuales no lo renovaron “pues el aviso debería ser inmediato para que tanto Conagua como el Aeropuerto enviaran maquinaria y abrieran la barra”, rememora Aveleyra Santos.

Responsabilidad empresarial

En 1991, se construyó el Viaducto Diamante, obra que potenció el millonario desarrollo en la Zona Diamante. El “Acapulco Nuevo”, decían en ese entonces.

A decir de arquitectos e ingenieros, las obras viales no respetaron el cauce del Río de La Sabana y después varios taponamientos impidieron un adecuado desfogue, razón por las inundaciones son recurrentes en tiempos de lluvias.

Dicho viaducto fue construido por el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), uno de los consorcios favoritos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Dicha firma también participó en la edificación de la Autopista del Sol, también con estragos por el paso de ‘Manuel’.

En 1999, Zeferino Torreblanca Galindo asumió la presidencia municipal de Acapulco. Uno de sus primeros compromisos fue modificar el Reglamento de Operación y Normas Complementarios del Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez (PDUZA).

Fue entonces que se desató la ambición inmobiliaria. Se otorgaron permisos mientras se estudiaba y se aprobaba el plan de Torreblanca Galindo. Fue hasta el 17 de julio de 2001 cuando el Cabildo de ese municipio aprobó las modificaciones al PDUZA.

“Las Gaviotas” y “La Marquesa”, del grupo GEO, fueron los primeros desarrollos bajo el auspicio de Zeferino Torreblanca. Los ex alcaldes Alberto López Rosas y Félix Salgado Macedonio siguieron el ejemplo de Zeferino. 

Al amparo de tal modificación en el uso del suelo, que es una facultad municipal, se han otorgado diversas licencias de construcción para unidades, conjuntos y fraccionamientos, que impactaron desde el punto de vista ecológico, pero también han causado un severo daño hidráulico, lo cual no ha importado ante la voracidad de las autoridades locales y su clara ineptitud en el trato de las situaciones ocasionadas, afirma el ex coordinador de Asesores del Fideicomiso Acapulco.

Además del grupo GEO, las constructoras ARA, HOMEX e Inveraca son las firmas con más superficie edificada en esa zona. 

Exigen nombres

Para los dirigentes estatales del PRI y PRD, Luis Miguel Terrazas Irra y Gregorio Calderón, respectivamente es necesario castigar a quienes otorgaron los permisos que pusieron en juego la vida de miles de personas.

“Es momento de dar una muestra ejemplar de que Acapulco no puede seguir creciendo de manera desordenada y con millonarios negocios en lo oscurito. Sin importar el partido político, hay que llegar al fondo y sancionar a los responsables”, secunda a su vez Benito Manrique, dirigente 
municipal del PAN en el puerto.

Para analistas políticos, dirigentes partidistas y de organizaciones civiles, la lista de responsables se pueden encontrar en las administraciones municipales de Rogelio de la O Almazán, Juan Salgado Tenorio, Manuel Añorve Baños, Zeferino Torreblanca, Alberto López Rosas y Félix Salgado Macedonio (los tres primeros del PRI y los otros del PRD).

“Se debe llegar al fondo. Caiga quien caiga. ¿O debemos esperar otra tragedia? No creo que eso sea bueno”, puntualiza Benito Manrique.