En Iztapalapa, 800 mil personas reciben agua por tandeo o pipas permanentemente, aseguró la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Ernestina Godoy Ramos.
Por la falta de suministro de agua potable a Iztapalapa durante una semana, los derechos de más de un millón de personas fueron violentados, por lo que es necesario deslindar responsabilidades para evitar de nueva cuenta una crisis de esta naturaleza, aseguró la diputada Ernestina Godoy Ramos.
"Vamos a requerir formalmente un informe detallado de las causas que motivaron la suspensión tanto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM). No es admisible que ninguna autoridad ofrezca explicaciones, queremos respuestas oficiales de la autoridad y vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance para obtenerlas", advirtió.
De acuerdo con un comunicado de prensa, la diputada local señaló que dejar sin agua a las personas va contra los artículos 4° Constitucional, 53 y 54 de la Ley del Programa de Derechos Humanos y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como del propio Programa de Derechos Humanos.
Ante ello, calificó de inhumano y anticonstitucional la falta de suministro de agua potable a Iztapalapa, violación legal de la que nadie se hace responsable ni la Comisión Nacional del Agua ni el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a pesar de que ambas instancias se coordinan para administrar el líquido en periodo de cortes del suministro.
Recordó que la lucha del pueblo iztapalapenses por el derecho al vital líquido no empezó hace un lustro cuando empezaron los cortes del suministro en puentes largos, prácticamente ha sido de toda su vida urbana. Así en esta delegación tenemos a 800 mil habitantes que reciben agua por tandeo o mediante pipas permanentemente, lo que en época de estiaje o de cortes, hacen prácticamente imposible el ejercicio de su derecho al agua potable.
Sin embargo, dijo, esta situación de vulnerabilidad, a nadie le da el derecho de atentar contra la seguridad hídrica de miles de personas. Ante ello, consideró necesario cambiar de modelo de distribución del agua que permita una distribución justa, equitativa y solidaria del agua disponible, además de establecer un plan de obras e inversiones destinadas a garantizar el acceso a este derecho a todas las personas.
