Las obras contra las inundaciones en Tabasco, que costaron 9 mil millones de pesos, salvaron a las principales ciudades del estado, pero condenaron a unas 130 mil personas, en su mayoría campesinos e indígenas, a permanecer con anegaciones casi todo el año.

Ni las mesas de diálogo, las protestas, los exhortos a los congresos federal y local o las demandas penales han conseguido que se indemnice a 6 mil agraviados.

También hace falta que se tomen medidas para proteger a Villahermosa y otras cabeceras municipales, a fin de que no se inunden más personas como ocurre cada año en el estado.

Hasta ahora el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, insiste que no quiere “tabasqueños de primera y de segunda” en el tema de las inundaciones.

Y la gente parece resignarse. En el poblado indígena de Congregación Guatacalca, a 60 kilómetros de la capital tabasqueña, los habitantes están acostumbrados a las inundaciones en septiembre y a permanecer en esa condición por lo menos hasta el fin de año.

Como ellos otras 35 mil familias corren la misma suerte en comunidades marginadas, lejos de Villahermosa y otras ciudades que permanecen amuralladas, sin riesgos de inundaciones.

“Desde que nos fuimos al agua nada más una bolsa de despensa fue lo único que nos dieron; traía un pomito de café, un kilo de azúcar, uno de arroz y una bolsa de fideos”, asegura Adriana Collado Contreras, cuya hija, Elsy, y sus sobrinos, Mariana y Francisco, juegan en el agua verde del patio.

En esa región central del estado, conocida como Chontalpa, el río Samaria lleva agua a cientos de arroyos, drenes y lagunas, tras recibir desfogues de la presa Peñitas, en los límites con Chiapas.

Congregación Guatacalca se inunda por la crecida del río Zapote. Gracias a la compuerta El Macayo, cuya construcción tardó una década, esa agua ya no pasa por la capital tabasqueña.

En el suroriente de Villahermosa, varias ventanas de alivio inundan a otros miles entre septiembre y noviembre. Los canales, como también se les conoce, fueron abiertos rápidamente en 2010 para desviar agua hacia la costa del Golfo de México a través de una serie de lagunas y terrenos bajos. Gracias a esas ventanas, el agua tampoco pasa por la capital tabasqueña.

El problema es que dichas obras pasan por 3 mil 800 hectáreas de cultivo de 5 mil 700 propietarios, en su mayoría campesinos. A ellos los desalojó el Ejército, mientras la Conagua echó abajo sus casas con maquinaria pesada en 2010.