México.  El pueblo guarijío está en riesgo de sufrir un desplazamiento por la violencia interna, desatada a raíz de la intervención del gobierno sonorense, que busca arrancar el consentimiento necesario para edificar la presa Bicentenario Los Pilares. El caso se repite “en todas las esquinas de este país”, afirma Ramón Martínez Haro, asesor de los indígenas.

La presa, denuncia el académico –uno de los que se vio obligados, en agosto del años 2013, a abandonar la zona por amenazas- alimentará a las mineras, que ya tienen concesiones en la zona. Autoridades tradicionales y asesores interpusieron recursos judiciales para detener la obra, que no fue consultada con los afectados.

Los gobernadores tradicionales del ejido Burapaco, Fidencio Leyva, y de la colonia Makurawe, José Romero, están “haciendo su trabajo, tejiendo alianzas” e interponiendo los recursos jurídicos, informa el asesor. El gobierno de Sonora pretende construir la obra sobre el río Mayo, para lo cual ya realizaron las obras auxiliares y, en julio del año 2013, arrancaron las firmas de autorización a las autoridades tradicionales.

La situación jurídica y administrativa de la presa “está podrida”, define Martínez Haro, también académico. Entre 2012 y 2013, el Congreso de la Unión le asignó a la obra cerca de 300 millones de pesos, señala. “Este monto no permite que se haga el proyecto integral ni los proyectos de gestión colaterales, que deberían garantizar los derechos de la gente”.

“Ni las comunidades, ni el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información), ni la opinión pública, ni nosotros conocemos el proyecto formal de la presa, y mucho menos la utilidad pública esgrimida”, resalta Martínez. Al principio, las autoridades manifestaron que se trataría de una hidroeléctrica; luego, que fortalecería al Distrito de Riego 38; cuando los asesores y los guarijíos expusieron las contradicciones que encontraron, se justificó su utilidad diciendo que será para protección civil, pues contendrá las avenidas de agua.