Amparos colectivos y protestas ciudadanas forman parte de las acciones que impulsarán las corrientes perredistas Izquierda Democrática Nacional (IDN) y Alternativa Democrática Nacional (ADN) contra la privatización del servicio de agua potable y la reforma que aprobó el Congreso del estado para permitir a particulares la aplicación de la tarifa.

En conferencia de medios los líderes locales de ambas expresiones dieron a conocer que ya sostienen acercamientos con líderes de colonos del municipio de Puebla para emprender las acciones de defensa al usuario.

Jorge Méndez Spínola, de IDN, e Hilario Alonso, de ADN, reprobaron el proyecto de concesión que impulsan de manera conjunta el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla, al acusar que representa “una puñalada a la economía de los ciudadanos”, ante las alzas que se han registrado en las tarifas del servicio en otras ciudades que han permitido la participación del sector privado.

En ese sentido, ambos líderes reprobaron que los diputados del PRD, emanados de la corriente Nueva Izquierda, aprobaran la reforma a la Ley de Agua junto con los legisladores del PAN, Panal, PVEM, Movimiento Ciudadano y PT.

El asesor jurídico de IDN y ADN, Carlos Popoca, explicó que la reforma aprobada el jueves pasado por el Congreso a la Ley del Agua es anticonstitucional, debido a que cede a particulares el cobro del servicio.

La medida violenta la fracción 4 del artículo 31 de la Constitución del país que se refiere a la legalidad tributaria, pues en el numeral se establece que las contribuciones de los ciudadanos se destinan al gasto público de la Federación, los estados y municipios, no a un particular, ahondó.

Bajo ese argumento, dijo que los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos interponiendo amparos ante la autoridad judicial.

Otra de las vías jurídicas, prosiguió el asesor, es la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de los municipios del estado, los cuales pueden alegar violación a su autonomía por parte del Congreso.

Jorge Méndez precisó que el litigio se hará acompañar de movilizaciones con el fin de ejercer presión social sobre el ayuntamiento de Puebla y el gobierno del estado, de los cuales éste último fue responsable de la reforma a la Ley de Agua aprobada por el Poder Legislativo la semana anterior.