A un grupo de habitantes de los condados de Lander, Nye y Esmeralda, en el estado de Nevada, no les quedó otro camino que la ruta legal para impedir que el gobierno estadunidense vendiera tierras federales para desarrollar proyectos de exploración y explotación de gas shale o de lutitas.

“Necesitamos hacerlo para atraer la atención de la agencia gubernamental. Con el plan de gas shale existe la posibilidad de cambiar todo lo que existe y que ya no podamos ser productores agrícolas”, explica a Proceso Debra Amens, abogada de la sociedad de responsabilidad limitada  Reese River Basin Citizens Against Fracking.

Esa agrupación presentó el 29 de junio último una demanda ante la Corte del Distrito Norte de Nevada contra Ken Salazar, secretario de Interior, y la Oficina de Administración de la Tierra (BLM, por sus siglas en inglés) para frenar el plan gubernamental de vender lotes para la búsqueda y aprovechamiento de gas shale, esquisto o lutitas.

La acción judicial, de 25 páginas y con la clave 3:14-cv-00338, busca detener el avance de la venta de 102 parcelas por un total de 58 mil 356 hectáreas, de las cuales 29 se han transferido a cuatro compañías por 150 mil dólares.

En su alegato, los 150 integrantes de Reese River denuncian daño irreparable al ambiente, a tesoros culturales, a intereses económicos y al paisaje, además de argüir quebrantos a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA): “A consecuencia de la falla de BLM para seguir procedimientos legales y su falta de debido proceso en relación con la protección ambiental, resultará un daño irreparable si se permite que avance la venta de los lotes”.

En Nevada prácticamente no hay operaciones de gas shale, por lo cual el desarrollo planeado sería el punto de partida para esa explotación de hidrocarburos.

La fractura hidráulica o fracking es la tecnología utilizada para extraer hidrocarburos no convencionales atrapados en rocas, como el gas de esquisto, para así liberarlos a gran escala.