La Asamblea Nacional de Ecuador (AN), aprobó la llamada Ley de Aguas, la cual dispone que sea el Estado el que administre por completo el recurso hídrico del país y prohíbe su privatización.

La ley, aprobada por el voto de la mayoría oficialista con 103 de 130 votos presentes, dispone asimismo que el agua sea distribuida de forma equitativa, cuidando sus fuentes y su calidad.

Varias organizaciones campesinas y comunas indígenas manejaban las fuentes de agua en Ecuador por intermedio de juntas comunales, que manifestaron su oposición a que sea el Estado quien administre el recurso, y pidieron se designe un consejo con representantes de varios sectores.

Una marcha indígena de protesta partió el lunes desde la región amazónica con rumbo a Quito para rechazar la aprobación de esta ley, que ahora pasó a manos del Ejecutivo para su sanción.

El presidente Rafael Correa expresó su satisfacción por el nuevo instrumento legal y dijo que "en buena hora" se aprobó la ley que "ayudará a desprivatizar el agua que en un 80% está en manos de grandes productores bananeros, entre otros grupos de poder".

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, dijo que el Legislativo tomó una "decisión de firmeza" y destacó el trabajo de socialización previo al tratamiento del cuerpo legal que regulará el recurso hídrico ecuatoriano.

Además de la movilización indígena que se cree llegará a la capital el fin de semana, hubo expresiones de protesta por la ley de aguas en algunas provincias de la región andina de Ecuador.