Fuentes israelíes informan de trato discriminatorio por parte del régimen de Tel Aviv en la asignación del agua potable a la población israelí residente en los territorios ocupados palestinos y a la población palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza.
“Los ciudadanos israelíes reciben mucho más agua que los residentes palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza. El agua es un recurso compartido que se distribuye de manera desigual”, indica la pagina Web argentina ‘Argenpress’, citando a ‘B'Tselem’, Centro de Información Israelí por los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados.
De acuerdo con el informe del Argenpress, publicado el 31 de octubre, diariamente en Gaza solo unas 90 personas tienen acceso a agua potable (una cantidad de unos 100 litros para cada persona); mientras que la asignación para los israelíes promedia diariamente entre 100 y 230 litros por persona.
Tras recordar que actualmente 1,7 millones de palestinos habitan en Gaza sin agua potable, el informe señala que la Dirección de Aguas de la Autoridad Palestina determinó recientemente que el 95 por ciento del agua en Gaza no cumple los estándares para consumo humano de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta agua contaminada, dice el informe, causa problemas crónicos de salud y contribuye a las altas tasas de mortalidad infantil, además de afectar a la agricultura de la zona.
Asimismo, menciona el bloqueo israelí-egipcio contra la Franja, que ha intensificado los problemas de agua en la zona: no pueden importarse los materiales necesarios para reparar las instalaciones de agua y de basura. La falta de electricidad, además, dejó fuera de uso el 85 por ciento de los pozos agrícolas, contribuyendo al riesgo de sequía de más de 120 mil metros cuadrados de cultivos.
Como indica un estudio de las Naciones Unidas realizado en 2012, “incluso con la aplicación de medidas correctivas inmediatas, el acuífero de Gaza tardaría décadas en recuperarse, y si no se adoptan medidas tardaría los siglos para que el acuífero se recupere”.
Desde junio de 2007, cuando el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS), electo democráticamente, se hizo cargo de la administración del territorio, el régimen de Israel impuso un férreo bloqueo, terrestre, marítimo y aéreo al enclave costero, impidiendo a los ciudadanos de Gaza ejercer sus principales derechos, entre ellos el derecho al trabajo, la salud, la educación y la libertad de circulación.
Aun cuando el alto el fuego establecido el pasado mes de agosto entre ambas partes, tras la ofensiva israelí de 51 días que acabó con la vida de al menos 2160 palestinos, incluye el fin del asedio, los gazatíes todavía siguen malviviendo por los obstáculos del régimen de Israel a la entrada de ayudas al enclave costero.
