En septiembre el gobierno del estado inició el proceso para concesionar el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), y a partir de ese momento ha gastado cerca de 100 millones de pesos de recursos públicos para mejorar la infraestructura hídrica de la capital, la cual pretende dejar en manos de particulares por los próximos 30 años bajo condiciones que aún se desconocen.

Las acciones no coinciden con la insuficiencia de recursos públicos que el Soapap reporta en juzgados y tribunales para defenderse de los amparos que promovieron miles de ciudadanos inconformes con el proyecto de ceder a una empresa privada la responsabilidad de administrar y suministrar el agua potable en la zona metropolitana.

Mientras el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas hace uso de todos los recursos jurídicos disponibles para no informar al Poder Judicial el estatus que guarda la licitación de la concesión, y ha impuesto a sus funcionarios la orden de guardar silencio absoluto ante la prensa, el abogado que consiguió la suspensión temporal del proceso de adjudicación, Gilberto Vladimir Montalvo González, es concluyente: la insuficiencia de recursos es una farsa con la que se pretende justificar un proyecto que está pensado con el único propósito de favorecer a particulares.

Las obras que se detonan en la ciudad de Puebla desde octubre pasado, agrega el litigante, serán otro de los beneficios que recibirá la ganadora de la concesión si no se echa abajo la privatización del Soapap.

Opacidad, el sello 

El sol abrasante del mediodía se refleja en la plancha blanca de concreto que rodea Ciudad Judicial. De entre un grupo de campesinos y abogados acalorados que discuten en las escalinatas de acceso al inmueble aparece Gilberto Montalvo. Sin cumplir aún los 30 años se ha convertido en un dolor de cabeza del gobierno del estado, por formar parte del equipo jurídico que busca echar abajo la concesión del servicio de agua potable.

Una sonrisa en sus labios adelanta lo que está por decir: “Algo interesante sucedió”. No agrega más; dirige sus pasos al edificio de 15 pisos sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, donde se revisan los amparos que promovió junto con otros juristas que se agrupan en la Asamblea Social del Agua.

En el vestíbulo es cacheado por personal de seguridad que vigila la entrada principal del edificio, lo hacen pasar por un detector de metales y cumple la obligación de registrarse en el libro de visitantes; todo, con la tranquilidad que brinda la práctica. En el elevador explica que en diciembre promovió un amparo para conocer el nombre de las empresas que participaron en el proceso de adjudicación que se identificó con el número SOAPAP–LPIC–001/2003.

El sistema operador incumplió con la apertura de las propuestas técnicas que presentaron las compañías, programada para el 2 de diciembre, por lo que el Juzgado Primero de Distrito solicitó a la entidad pública el 6 de febrero entregarle la información en “copias certificadas, legibles y completas” para resolver el juicio.

–La autoridad no proporcionó ningún dato –aclara Gilberto Montalvo.

–¿Qué procede ante eso? – cuestiona la reportera.

–Vamos a pedir el expediente para revisar los argumentos y verificar si se encuentran fundamentos en ley.

Nueve proyectos millonarios

Desde que el Poder Ejecutivo del estado promovió la concesión del Soapap en septiembre pasado, la información del proyecto ha fluido a cuenta gotas; sin embargo, resulta evidente que algo está por suceder tan sólo con recorrer la ciudad de Puebla. Desde octubre pasado se asemeja a una construcción en obra negra por los trabajos de ampliación, restauración y mantenimiento que se realizan sobre la red de agua potable, drenaje, alcantarillado y tomas domiciliarias.

Una revisión a los contratos de obra firmados por el Soapap a lo largo de 2013 muestra que el gasto en infraestructura se disparó en los últimos cuatro meses de ese año hasta superar siete veces la inversión destinada en periodos anteriores.

De hecho, la licitación del primer megaproyecto de sustitución de la red de alcantarillado sanitario en la ciudad de Puebla concluyó el 3 de septiembre de 2013 con la contratación de Tecnología e Innovación Urbana por 4.9 millones de pesos. Ese mismo día, el gobierno de Rafael Moreno Valle abrió la discusión de concesionar el servicio de agua potable, presentando ante el Congreso local una reforma a la Ley de Agua del estado que flexibilizó el ingreso de capital privado en las tareas del Soapap.

Dos días después de interpuesta la enmienda, el organismo operador inició el procedimiento para ampliar, restaurar, operar y dar mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales. El primer paso lo dio el 5 de septiembre emitiendo una convocatoria que permitiría elegir, de entre cinco empresas invitadas, a la responsable de elaborar las bases de la licitación.

De acuerdo con el contrato SOAPAP–2013–002–OP, la ganadora fue AC & DM, la cual recibió por sus servicios 3.5 millones de pesos.

Mientras las inversiones millonarias seguían concretándose, el Congreso aprobó la reforma a la Ley de Agua el 12 de septiembre y ese mismo día el ayuntamiento avaló la concesión del Soapap; la licitación pública del proyecto se emitió la semana siguiente, el miércoles 18.

En la publicación del Periódico Oficial del Estado se señala que la empresa ganadora se hará cargo de los servicios de “agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales”.

Una coincidencia más: el 18 de septiembre la Secretaría de Infraestructura (SI) eligió a las empresas Construcciones Garmadio, Roma Civil Vanguardista y Construcciones y Edificaciones de La Angelópolis, dentro de las tres licitaciones nacionales que lanzó para entregar las obras de sustitución de la red de agua potable y tomas domiciliarias en La Paz, Chula Vista, El Carmen, Hidalgo y Moctezuma.

Entre septiembre y diciembre de 2013 el Soapap detonó en total ocho proyectos para mejorar la infraestructura de la capital con una inversión de 95.5 millones de pesos, en colonias donde la mayoría de las tuberías tenían una antigüedad que oscilaba entre 50 y 30 años, localizadas en la zona poniente de la capital como el Centro, La Paz, La Merced, El Parral y el barrio de Santiago, según consta en los reportes mensuales de contratos elaborados por la Gerencia de Adquisiciones y Finanzas del organismo.

Y la intervención sobre la infraestructura hídrica de la metrópoli continúa…

El informe de Avances sobre las Obras Contratadas, que se encuentra disponible en la página de transparencia del gobierno del estado, reporta un proyecto más: la “Ampliación de Red de Agua Potable en Diferentes Colonias de la Ciudad de Puebla”, iniciada el 3 de enero de 2014 por la compañía P Luz Constructores Profesionales.

La información disponible del contrato SOAPAP–PRODDER– 2014–002 señala como fecha de entrega el 2 de abril; no detalla la inversión pero asegura que el proyecto beneficiará a 4 mil 568 personas cuya ubicación no se da a conocer.

Para Gilberto Montalvo la concurrencia en fechas entre el proceso de licitación de la concesión y la detonación de las obras de infraestructura no es coincidencia, sino una contradicción, debido a que el Soapap ha justificado la participación de empresas privadas, señalando insuficiencia presupuestal del sistema para continuar con el servicio.

Ganancias insuficientes

En el oficio 6200/2323/2013, que el Juzgado Primero de Distrito selló el 6 de noviembre de 2013, dentro de la revisión del amparo 1540 que lleva Gilberto Montalvo, el director General del organismo público, Manuel María Urquiza Estrada, reconoce que las finanzas del Soapap se encuentran estables, luego de superar una crisis que llevó al sistema al punto del “colapso”.

“Gracias a las políticas de racionalidad y austeridad, a la disminución del gasto corriente, y a las acciones para eficiencia administrativa, para el cierre del mes de septiembre de 2013 se redujo la deuda a 2,941,435,816.81 (…) por primera vez en los registros del organismo operador se logró obtener una utilidad marginal positiva (de 200 millones de pesos anuales), la cual representa al cierre de 2012 23 por ciento con respecto a los ingresos por derechos recaudatorios”, se puede leer en el documento.

Más adelante en el oficio, Urquiza Estrada asegura que las mejoras financieras no son suficientes para “satisfacer las demandas del servicio público (…) pues el enorme endeudamiento del Soapap le impide hacer inversiones para atender las crecientes necesidades de los servicios públicos que presta ante el crecimiento de la población de la capital del estado”.

El director general de la entidad pública asegura que el organismo requiere una inversión de 3 mil 500 millones de pesos en los próximos cinco años y “la capitalización derivada del proceso de licitación” permitirá la obtención de esos recursos por parte de la iniciativa privada.

De acuerdo con el mismo documento, una de las responsabilidades que tendría a su cargo la firma ganadora de la concesión es, precisamente, “acciones de mantenimiento para recuperación de caudales”, las cuales ejecuta el Soapap en distintos puntos de la metrópoli con recursos públicos.

Las cuatro áreas restantes de inversión que tendría la concesionaria son: nuevas fuentes de suministro, mejoramiento en los procesos de salinización y potabilización de agua, sectorización de la distribución de agua potable y ampliación de los procesos de saneamiento para cumplir con la normativa.

Si bien es cierto que la insuficiencia financiera reportada por el Soapap se defiende con tres auditorías realizadas por Kreston México, Zárate García Paz & Asociados y Grant Thornton, Gilberto Montalvo tiene dudas sobre la autenticidad de las revisiones, puesto que los tres documentos contienen párrafos exactamente iguales. “Da la impresión que lo hicieron con el mismo machote”, comenta al tiempo de mostrar copia de los estudios.

“Ninguna ley nos obliga”

Llegó el momento. El expediente del último amparo promovido para echar abajo la confidencialidad con el que se ha conducido el proceso de adjudicación de la concesión se encuentra en sus manos. Ávidamente da vuelta a las fojas para encontrar la contestación del Soapap a la petición del Juzgado Primero de Distrito de transparentar las propuestas técnicas de las empresas.

Una oración salta a la vista inmediatamente de entre párrafos y párrafos de respuesta; Gilberto Montalvo la señala con el índice: “el 2 de diciembre de 2013 no fue celebrado el acto que su señoría requiere”. La réplica deja más preguntas y una es inevitable: ¿sigue en pie el proceso de adjudicación?

Avanza en la lectura y no puede evitar reír cuando encuentra la frase “ninguna ley nos obliga (a entregar la información)”. Gilberto Montalvo piensa en voz alta: “¿Y el 134 está pintado?”

Se refiere al artículo 134 de la Constitución del país y una revisión al mismo explica la indignación que imprime a sus palabras, pues ese numeral de la Carta Magna determina que es obligatorio organizar licitaciones mediante convocatoria para que “libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente”. Es justamente esto último lo que incumplió el gobierno estatal.

Revisa por segunda ocasión la respuesta del Soapap y concluye: “No dice nada, lo único que hicieron es darle la vuelta”.  Anuncia que seguirá con el procedimiento jurídico hasta que el organismo público se vea obligado a notificar el estado en el que se encuentra la licitación que, según la convocatoria del 18 de septiembre, debió concluir el 12 de diciembre pasado con un fallo a favor de la empresa que se convertirá en la concesionaria del sistema.