La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionará con multa a la empresa Concesiones Integrales, nueva responsable del servicio de agua potable en Puebla capital y la zona conurbada, por cometer irregularidades en el cobro a los usuarios, informó el delegado de la dependencia en el estado, Jesús Carlos Hernández Hernández.

Durante una entrevista, anticipó que la multa podría llegar a los 5 millones de pesos, dependiendo del análisis que realice la Profeco sobre las afectaciones y violaciones en las que incurrió el consorcio.

El miércoles pasado la procuraduría clausuró las oficinas de cobro de la firma concesionaria del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), debido a que incumplió la obligación de informar a los ciudadanos las cuotas del servicio.

Ayer Carlos Hernández explicó que la empresa tampoco clarificó a los usuarios las colonias que pertenecen a cada uno de los seis sectores en los que se dividió el territorio donde tiene presencia, información que es fundamental, pues de ésta depende la tarifa que se aplicará en el suministro de agua potable, el uso de la red de drenaje y alcantarillado, así como en las acciones de saneamiento y disposición de las aguas residuales.

Refirió que la Profeco retiró los sellos de clausura el sábado pasado, una vez que Concesiones Integrales acató las observaciones efectuadas, y en los próximos cinco meses se dedicará al análisis del caso para determinar el monto de la infracción.

“La suspensión era una medida precautoria, pero la violación existió y tendrá que ser sancionada”, ahondó el delegado, quien dijo que la multa puede ir de los 212 pesos a 5 millones de pesos.

Sobre el tema, acotó: “El monto dependerá de las violaciones que se acrediten porque en algunos casos la infracción puede duplicarse y si hay reincidencia la penalización es superior”.

Ante la resistencia inicial que mostró Concesiones Integrales para asumir la falta cometida, el delegado aseveró que término dando la razón a Profeco en el momento en el que colocó el catálogo de precios a la vista de los usuarios en las oficinas de cobro.

Precisó que la intervención de la procuraduría se fundamentó en dos quejas ciudadanas que acusaron incrementos excesivos que carecían de justificación.

Respecto a la cancelación de los recibos de junio, que acordaron la concesionaria y el gobierno del estado, dijo que se trató de un acto de “buena voluntad” con el que se busca acatar las recomendaciones del gobierno federal.

No obstante, aclaró que la Profeco seguirá vigilando el comportamiento comercial del consorcio responsable del suministro hídrico y si viola la norma nuevamente advirtió que la dependencia actuará en consecuencia.