CIUDAD DE MÉXICO.- El dictamen de las leyes secundarias de la Reforma Energética que se discute en el Senado deja desprotegido al campo mexicano al plantear los subsidios focalizados a energéticos, incluye ambigüedades en la llamada “ocupación temporal” de las tierras, la protección al medio ambiente y la manera en la que se garantizará la supervivencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) coincidieron analistas y representantes del sector agropecuario. 

Para el líder de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, varias disposiciones de las cuatro leyes secundarias, principalmente la Ley de Energía, únicamente ayudarán a encarecer el precio de los alimentos, ya que se corre el riesgo de desaparecer los subsidios y las tarifas preferenciales para el sector. 

En el caso del costo de la electricidad, los productores pagan una tarifa de 45 centavos por kilowatt y en caso de que desapareciera el subsidio, la tarifa llegaría hasta 8 pesos por kilowatt, lo que afecta principalmente a los agricultores del norte del país. 

“Esto es imposible, la zona donde se producen los alimentos va a entrar en una situación de bancarrota”, advierte. 

También desaparece los subsidios al diesel y gasolina para pesca, bajo el argumento de que estas medidas sólo benefician “a los agricultores ricos”. 

La organización prevé que si desaparecen los subsidios se afectará al menos a 500 mil productores del país, además de que reducirá su capacidad de producción. 

Otro de los problemas que vislumbra para el campo es la explotación que se dará de los mantos acuíferos para la extracción del llamado gas shale, principalmente en los estados de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz.

“La explotación de gas implica un golpe muy severo a los acuíferos porque están abandonados, sobreexplotados, no ha habido un programa de recarga y conservación, como el agua se va a usar ahora, principalmente para quebrar la roca, no solamente se le va a quitar agua a la agricultura y se van a acabar los acuíferos; además de que van a dejar una devastación ambiental a gran parte del país”, expresó. 

Esta misma devastación, aseguró, aplicará también para las llamadas “ocupaciones temporales”, a través de las cuales las empresas, podrán por un plazo máximo de 10 años, explotar los hidrocarburos que se encuentren bajo un terreno, ya sea de uso ejidal o particular. 

“El problema de la ocupación de los terrenos es complejo, puede haber mucha oposición social y puede detonarse toda una oposición a la Reforma Energética que no hemos visto en las ciudades. 

Ya que empiecen a pisar los callos de comunidades aguerridas, como algunas en Tabasco, quiero ver lo que va a pasar”, advirtió Miriam Grunstein Dickter, especialista del área de energía de la organización México ¿cómo Vamos? Según cálculos de los dirigentes campesinos, la llamada “ocupación temporal”, que en teoría será regulada por el Ejecutivo, provocará daños en el 60 por ciento de los 31 mil 941 ejidos en el país. Se estima que cerca de 15 mil ejidos tengan que enfrentar procesos legales para evitar la explotación de sus tierras. 

“Van a dejar grandes extensiones de tierra muerta, inservibles para todo, destrucción de comunidades, resulta inaceptable”; en este punto también destacó que no quedó claro qué porcentaje de los beneficios recibirá el propietario de la tierra, pues aunque se habló del 1 por ciento del valor catastral, no se llegó a ningún consenso y “esto va a desatar un mercado negro de tierras”, externó por su parte Ramírez Cuellar.

El hecho de que desde el principio no se haya establecido en la ley el porcentaje de las ganancias que recibirán los propietarios de terrenos, genera desconfianza, aseguró Grunstein, y, aunque por una parte hace flexible el esquema para negociar mejor la ocupación del uso de suelo, se debe de establecer algún tipo de rango “porque si no, las empresas van a llegar y les van a dar dos centavos por el uso de sus terrenos. 

En este mismo sentido, Fernando Bolaños Sapién, analista de Grupo Financiero Monex, estableció que esta figura es similar a la que opera en Estados Unidos, la diferencia es que los hidrocarburos que existan en el subsuelo son propiedad del dueño de los terrenos mientras que en México son de la nación. 

En ese país, los propietarios de los terrenos pueden obtener hasta el 5 por ciento de las ganancias por la explotación, por lo que, consideró, en el caso mexicano es importante dejar en claro cuánto es lo que recibirán los dueños de los terrenos. 

“En México, puedes tener tu terreno y no eres dueño de lo que está abajo sino la nación y como terrateniente no tienes un incentivo para ir a buscar a una empresa para obtener una ganancia, eso se debió de haber modificado en la Constitución”, expresó el analista. 

El proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos contemplaba originalmente que las zonas de salvaguarda fueran aquellas reservadas por el Estado para “limitar” la exploración y extracción de energéticos.

No obstante, a propuesta del Partido Acción Nacional (PAN), se determinó que en esos espacios no sólo se limiten estas actividades, sino que queden prohibidas. 

El analista de Monex, señala que otro de los temas que no se ve reflejado en el dictamen que discute el pleno es el cómo van se va a elaborar los contratos con las empresas privadas y/o extranjeras que entren al sector, cómo se repartirán las regalías y la forma en la que se va a hacer, “no es lo mismo tener una plataforma de Shell en ultramar, que es carísimo y que a lo mejor les digas que les vas a dar el 5 por ciento de la utilidad”. 

Distintas organizaciones campesinas independientes realizarán una marcha nacional para el próximo miércoles 23 de julio en defensa de sus tierras. 

“No vamos a permitir que nuestras tierras, nuestros territorios se conviertan en campos petroleros, antes se van a convertir en campos de batalla, eso se los aseguro”, dijo por su parte el dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa. Emilio Gamboa Patrón, se comprometió con las organizaciones independientes, en junio, a instalar una mesa de trabajo con los senadores del tricolor y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que tienen que ver con las comisiones relativas al campo “y no lo ha cumplido”. 

LA CAJA NEGRA

“Todo es una caja negra, no hay un sistema de pesos y contrapesos, ahorita lo que hay es un problema de transparencia”, aseguró Grunstein Dickter. Señaló que se lee el dictamen de la Ley de la Industria Eléctrica, por ejemplo, la mayoría de la gente “no va a entender ni media palabra, son leyes muy técnicas; debería de poner la Secretaría de Energía (Sener) al alcance de la población un documento explicativo sobre de qué se tratan las reformas, pero la ley en sí está destinada a ser leída por el gobierno y por instituciones que van a financiar los proyectos”, argumentó.