Hermosillo.- El gobierno de Sonora construyó un acueducto para llevar agua a los 800 mil habitantes de Hermosillo, pero con el proyecto dividió a la población, ya que afectó a ocho comunidades yaquis y a sus 40 mil integrantes, que por decreto presidencial tienen derecho a 50 por ciento del líquido de la cuenca, que es lo que exigen y defienden.

Tomás Rojo, vocero del movimiento yaqui, acusó al gobierno del panista Guillermo Padrés de beneficiar a un grupo de empresarios y la construcción de parques industriales en la capital, a cambio de dañar miles de hectáreas de terrenos agrícolas pertenecientes a esa etnia.

El Acueducto Independencia opera desde abril de 2013, pese a ocho juicios de amparo y dos controversias constitucionales en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponga fin al conflicto que inició en 2010.

El gobierno estatal, a través del coordinador general del proyecto SonoraSí, Gerardo Álvarez, aseguró que los 75 millones de litros de agua que se pretenden usar de la presa El Novillo y llevar a Hermosillo mediante el acueducto no representan ni 1 por ciento del recurso de la cuenca.

Aunque el conflicto inició en 2010 con el anuncio del gobierno de Padrés de construir la obra con un costo de 3 mil 800 millones de pesos, la situación se agudizó a consecuencia de dos resoluciones judiciales contrapuestas.

El juez octavo de distrito con sede en Ciudad Obregón ordenó el 10 de julio pasado suspender la operación del acueducto. Sin embargo, un Tribunal Colegiado de circuito negó dicha suspensión. La capital del estado seguirá recibiendo agua de la cuenca del Yaqui hasta que no haya otra resolución que se lo prohíba o la Corte resuelva en definitiva el pleito.

Los bloqueos en la carretera internacional que llega hasta la frontera con Estados Unidos se reanudaron pese al acuerdo firmado en la secretaría de Gobernación en enero pasado.

Los yaquis impiden de manera intermitente el paso de transportistas en la zona como medida de presión. “Esta defensa empezó en agosto de 2010, luego de que el gobierno ignoró todas las alternativas viables para solucionar el problema de agua en Hermosillo y no quedó otra opción que recurrir a la defensa jurídica”, explicó el representante legal de los yaquis, Alejandro Olea.

A su vez, Baltasar Peral, integrante del comité técnico por la defensa del agua en el Valle del Yaqui, denunció que el gobierno estatal no tiene como interés evitar la escasez de agua en la capital, sino fraccionar la parte norte de Hermosillo para desarrollos inmobiliarios y parques industriales. “Yo creo que cualquier estado debe tener un equilibrio y desarrollo sustentable, no nomás la capital. De los municipios que están enclavados en el sur de Sonora, cinco son de extrema pobreza; yo creo que también debemos tener desarrollo en el sur”, explicó.

Luis Ernesto Nieves, presidente de Comisión del Agua en el Congreso de Sonora, rechazó las acusaciones de los representantes de las comunidades yaquis al explicar que “ellos piensan que llegando el agua y las inversiones a Hermosillo, ellos se van a quedar estancados en el desarrollo económico y eso es totalmente falso”.

Gerardo Álvarez aseguró que, desde la puesta en operación del acueducto, no ha faltado el agua en Hermosillo, como ocurría años atrás. “Ahorita la gente está muy tranquila porque tiene agua 24 horas. Parar, suspender, afectaría enormemente. Entraríamos nuevamente en riesgo. En prácticas de tandeos, como se ha hecho en el pasado en otras ciudades, en Querétaro, en Monterrey, donde también tuvieron la necesidad de construir acueductos”, dijo.

Humberto Borbón, director del distrito de riego del río Yaqui, explicó que se han realizado diversos estudios de impacto ambiental, que han sido ignorados por la autoridad estatal.

Además, a consecuencia de la sequía, se han perdido al menos 6 mil hectáreas de cultivo, situación que se agravará al desequilibrar la cuenca. “Si consideramos que las comunidades yaquis tienen un volumen asignado de 250 millones al año, estamos hablando de 30 por ciento del agua que le corresponden a las comunidades yaquis. Si ya de por sí la superficie se ha reducido de 25 mil a 19 hectáreas, a esto hay que restarle 30 por ciento”, detalló.

La disputa por el agua ha derivado en un conflicto político que terminará con el fallo de la Corte. La obra hídrica es uno de los mayores logros desde la óptica del gobierno estatal, pero también el punto de mayores críticas por parte de la oposición.