MÉXICO - El proyecto hidroeléctrico Las Cruces, en el noroccidental estado de Nayarit, representa una amenaza para la riqueza natural de la zona de su emplazamiento, denuncian activistas que lo citan como uno de los casos en que la biodiversidad se arrincona en México.

“Hay un impacto sobre la reserva Marismas Nacionales, porque la cortina (de la represa) retendrá 90 por ciento de los sedimentos que son necesarios para que pueda subsistir el ecosistema”, explicó Heidy Orozco, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Nuiwari.

Además, se “cambiaría el régimen hidrológico y se inundaría la selva baja”, subrayó a IPS

Esa organización, integrante del Movimiento Río San Pedro Libre, se dedica desde 2006 al cuidado de la cuenca del río San Pedro, escenario de la obra.

La estatal Comisión Federal de Electricidad planea construir y operar la central hidroeléctrica, a unos 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic, en Nayarit. Tendrá una capacidad instalada de 240 megavatios y un dique de 188 metros de alto en una superficie de 5.349 hectáreas.

El estudio sobre el impacto ambiental de la central admite que se perderían en la zona la agricultura de subsistencia y la ganadería de pequeña escala, que pasarían a ser reemplazadas por la actividad de pesca en el embalse.

La Reserva de la Biosfera de Marismas Nacionales, el sistema de manglares más extenso de la costa mexicana al océano Pacífico, es el hábitat de 20.000 aves acuáticas y refugio invernal para otras más de 100.000 aves migratorias.

La reserva forma parte de la lista de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, conocida como la Convención de Ramsar.

En las marismas se han reportado más de 300 especies de animales, de las cuales 60 se encuentran en peligro de extinción, especialmente por sobreexplotación y destrucción del hábitat, y 51 son endémicas, según esa Convención, en vigor desde 1975.

La actividad pesquera que depende del ecosistema genera para las comunidades locales entre 6,5 y 13,5 millones de dólares anuales, indican datos oficiales.

Además, el embalse afectaría a 14 sitios sagrados y centros ceremoniales de los pueblos originarios náyeri o cora, wixárica o huicholes, tepehuanos y mexicaneros.

Precisamente, el cuidado de la biodiversidad y el reparto de beneficios son el centro del uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se establecieron en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, firmado en esa ciudad japonesa en 2010.

Ese acuerdo es complementario del Convenio sobre Diversidad Biológica, vigente desde 1993, y estipula que cada país parte adoptará medidas para asegurar el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales.

Ello deberá realizarse, precisa, “con el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación” de esos grupos, y con el establecimiento de condiciones mutuamente acordadas.

Conforme a las legislaciones nacionales, “las Partes tomarán en consideración las leyes consuetudinarias, protocolos y procedimientos comunitarios”, con respecto a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, establece el protocolo.

Pedro Álvarez-Icaza, coordinador general de Corredores y Recursos Biológicos de la gubernamental Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), alerta de las vicisitudes para cumplir esas disposiciones.

“La gran dificultad es cómo se hará el reparto. ¿A quién se le da, a la comunidad, al informante, a un grupo? Tengo también temor de expectativas falsas, de que se piense que una planta puede generar una medicina y en eso pasen 10 años”, indicó el funcionario a IPS.

El especialista plantea que “el marco legal no es necesariamente el más actualizado. La clave es fortalecer la capacidad de las comunidades locales e indígenas y hacer tomar conciencia de los derechos del reparto justo de beneficios”.

“La parte importante es información, para que si un país quiere patentar un recurso, tiene que demostrar que esa información fue obtenida con un acuerdo-beneficio final y con consentimiento previo e informado”, consideró.

Con financiamiento de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, Conabio ejecuta el proyecto “Gobernanza de la biodiversidad, participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso y manejo de la diversidad biológica”, para establecer un grupo de casos piloto que sirvan de referencia.

Con un presupuesto de seis millones de euros (8,2 millones de dólares), la iniciativa durará hasta 2018.

“Mientras no se reconozca la autonomía de los pueblos indígenas y no se valorice el conocimiento tradicional, es una expresión de buenos deseos. No habrá reparto justo y equitativo”, señaló a IPS la consultora independiente Patricia Arendar.

México es uno de los 12 países más megadiversos del mundo. El país ha identificado 2.692 especies de peces, 361 de anfibios, 804 de reptiles, 1.096 de aves, 535 mamíferos y más de 25.000 plantas, según los datos de Conabio.

Esa Comisión también señala que en este país hay oficialmente 127 especies extinguidas, 475 en riesgo de estar, 896 amenazadas y 1.185 sujetas a protección especial.

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 indica que casi 29 por ciento del territorio mexicano ha perdido sus ecosistemas naturales y el restante 71 por ciento los mantenía con diferentes grados de conservación.

El capital natural es uno de los temas de la segunda Cumbre Mundial de la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (Globe International), que se realizará del viernes 6 al domingo 8 de este mes en la Ciudad de México con presencia de cerca de 500 parlamentarios de más de 80 naciones.

Con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente encabeza el análisis de las opciones para adecuar el marco legal al Protocolo de Nagoya. Las variantes son modificar la Ley General de Vida Silvestre de 2000 o crear una  específica.

Hasta ahora, 92 estados firmaron el Protocolo de Nagoya. Pero solo 36 de los 50 necesarios para que se convierta en ley internacional lo ratificaron. En América Latina solo lo hicieron Honduras, México y Panamá.

“Con la ausencia de una política de Estado de protección de biodiversidad es muy difícil desarrollar estrategias en torno a Nagoya, por ejemplo. No es una prioridad en la política actual. Hay más áreas naturales terrestres, marinas, un conocimiento mayor de la biodiversidad, pero la seguimos perdiendo”, cuestionó Arendar.

“No se debe construir la hidroeléctrica. Es inaceptable desde cualquier punto de vista, no justifica los pocos beneficios ante los terribles impactos permanentes. Exigimos que México cumpla con los tratados internacionales ambientales y de derechos humanos, pero la experiencia de otros casos nos indica que eso no siempre ocurre”, lamentó Orozco.