En México, 11 millones de ciudadanos no tienen acceso al agua potable en su casa, informó Juan Jaime Sánchez Meza.

Durante el foro “Agua: escasez y riesgos”, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y la Comisión de Cambio Climático, en que participó como ponente de la mesa “El agua: derecho o bien económico”, el representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estableció que el agua es, al mismo tiempo, “un derecho y un bien económico”.

Su punto de vista difirió del de Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien afirmó que el agua debe considerarse más como un derecho humano porque así lo establece la Constitución, y no como un derecho patrimonial, como sucedió en el siglo XIX.

“El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico”, resumió el investigador.

Pero ambos coincidieron en que ya es hora de que el Congreso de la Unión expida la nueva reglamentación que defina las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. El Estado está obligado a garantizar dicho derecho, de acuerdo con la reforma constitucional promulgada en febrero del 2012, que ordena: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Para Sánchez Meza, el Poder Legislativo tiene enfrente un gran desafío por atender, ya que deberá repartir las atribuciones de cada orden de gobierno para garantizar el derecho humano al agua, a partir de lo que ya establece la Constitución.

“Cualquiera que sea el camino que siga esa reforma esperemos que responda al reto enorme que plantea la Constitución”.

La Carta Magna ya ordena, detalló, que quien tiene la obligación de prestar el servicio de agua es el municipio.

“Es decir, el orden de gobierno con las mayores debilidades institucionales en México, los mayores niveles de improvisación, de atrasos tecnológicos, donde hay mayor desventaja es, paradójicamente, el que tiene que hacerlo”.

El Plan Nacional Hídrico 2013-2018, abundó, reconoce la necesidad de dotar un enfoque multisectorial y una transversalidad institucional para atender el derecho humano al agua.

En su opinión, “es una discusión complicada, difícil”, definir “dónde termina el valor económico del agua y cuál es la frontera que lo divide como derecho”.