Organizaciones no Gubernamentales (ONG) urgieron al Congreso de la Unión a emitir la Ley General de Aguas, en la que se garantice el suministro de ese recurso a toda la población, por encima de su situación económica.

En el foro Implementación del Derecho Humano al Agua, que organizó el Senado de la República, representantes de diversas agrupaciones expusieron a los legisladores los riesgos en el proceso de privatización del servicio de agua potable en varios estados del país.

Destacaron la necesidad de poner en marcha un nuevo marco legal que garantice el abasto del líquido a todos los habitantes del país, con independencia de su situación económica.

Maria Silvia Emanuelli, de la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina, subrayó que el gobierno mexicano está obligado a garantizar la dignidad humana, la equidad, la sustentabilidad y la participación democrática en materia de acceso al agua.

La especialista expuso su preocupación por el tema en el Distrito Federal donde, desde su perspectiva, persiste un discurso contradictorio del Gobierno capitalino.

“No queremos una ley que diga como está pasando en el Distrito Federal, no queremos la privatización y luego en el desarrollo de la ley sí se privatiza o se propone privatizar el vital líquido”, dijo.

Puso como ejemplo la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde debido a la tendencia de privatizar el suministro, el agua cuesta 300 veces más que cuando el servicio era público.

“Estamos en una situación de posible violación de ese aspecto del derecho humano al agua”, remarcó Emanuelli ante senadores de todos los partidos políticos.

En tanto la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, Angélica de la Peña, aseveró que la ley en la materia debe definir con puntualidad las responsabilidades de las autoridades para garantizar que ese derecho sea una realidad.

De igual forma “debe contemplar qué es lo que tenemos que hacer todos y todas como parte de la sociedad”, concluyó.