Organizaciones de la sociedad civil presentarán al gobierno federal una propuesta para que se cree la figura de un Comisionado Ambiental de Seguridad del Agua para el Río Santiago y se concrete la firma de un acuerdo de coperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que permita realizar estudios epidemiológicos de riesgo a la salud en la región.

Así lo informó la titular del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera, durante el conversatorio ¿Qué sigue para el Río Santiago?, organizado por colectivos que defienden el medio ambiente, los cuales coincidieron en la necesidad de fortalecer y acompañar la política pública municipal y estatal con una política federal de restauración, saneamiento y sustentabilidad de la subcuenca Río Alto Santiago (valle de El Salto-Atequizaqueza) que garantice el derecho al agua y su saneamiento.

Tenemos que crear esos mecanismos con los municipios para que los obliguen a cumplir con el Diagnóstico de Fragilidad Ambiental y en el ámbito normativo hay que proponerle por primera vez al presidente Enrique Peña Nieto un acuerdo que vaya para la zona del Alto Santiago, así como se mandó un comisionado para la zona caliente de Michoacán, Jalisco merece que se impulse un acuerdo de gran aliento que aglutine este quehacer y que salvaguarde la salud de sus habitantes, vale la pena retomar la figura de un comisionado dependiente del presidente de la República en virtud de la transversalidad de las acciones a realizar”, expuso.

Refirió que dicha figura debe estar acompañada de una contraloría y un consejo de afectados que sienten la base para vincular los programas de los tres niveles de gobierno, a efecto de concretar la restauración, saneamiento y sustentabilidad de la región con perspectiva de derechos humanos.

De acuerdo a Gutiérrez Nájera la petición para crear esta figura está sustentada en la Ley de Aguas Nacionales que señala que el líquido es un tema de seguridad ambiental.

La federación no puede seguir diciendo que el agua es un problema de seguridad nacional, que la salud pública es una agenda prioritaria y seguir tratando la salud nada más de tubo, aquí tenemos que aliviar todo un ecosistema”, apuntó.

Durante su intervención en el conservatorio, la doctora en Derecho Ambiental reprochó la omisión de las autoridades en el control de descargas, uso de suelo asociado al Río Santiago y la falta de control en el otorgamiento de permisos para la instalación de industrias en el corredor de El Salto.

Por su parte, al presentar los avances del Diagnóstico de Fragilidad Amibiental (POFA), Juan Gallardo Valdéz, del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado, refirió que el análisis arroja que los acuíferos están sobreexplotados y la calidad del agua está por debajo de la norma, catalogada como pobre o de mala calidad; aunque aseguró que ha habido cambios “mínimos” en el saneamiento del agua según la información emitida por la Comisión Estatal del Agua (CEA).

No es óptimo todavía pero se está reduciendo la contaminación. No es la solución y tampoco la política pública adecuada, pero está contribuyendo paulatinamente”.

Asimismo señaló que en los últimos años se triplicó la población de la zona, lo cual significa un crecimiento de los problemas ambientales debido a un mayor número de descargas, emisiones y residuos.

Rodrigo Saldaña López, del Instituto Vida, dijo que la planta de tratamiento para el Río Santiago ha reducido la contaminación de manera mínima, pues continúan los olores fétidos y la planta está rebasada en su capacidad.

La planta fue diseñada para 2 mil 250 litros por segundo, pero recibe 3 mil, está rebasada incluso desde antes de que la hicieran. Estamos atrasados como 40 años en el tema. Sí ha aminorado los olores y algunas cuestiones sanitarias, pero hay vertidos no controlados que vienen a dar al traste con todo. Hemos mejorado en algunas cosas pero no es lo que se prometió, no es lo que se dijo y no es el gasto que se hizo para esto”.

Saldaña López indicó que la grave contaminación del afluente continúa ante la omisión de los municipios, ya que actualmente sólo Juanacatlán y El Salto –de los 10 que integran el POFA– están trabajando en temas como trituración de lirio y el funcionamiento de plantas de tratamiento.

Dijo que se requiere concretar  acuerdos entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, de lo contrario el gasto que están realizando seguirá siendo “inútil”.

Por su parte, aseveró el director jurídico de la Profepa, Francisco Javier Silva que pese a los diferentes mecanismos que existen para que los estados sancionen a las empresas que incumplen el manejo de residuos, los ayuntamientos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago no han mostrado interés.

Explicó que los planteamientos para facultar a los municipios y el estado para realizar inspecciones y sancionar a empresas que no cumplen con la normatividad ambiental, no son nuevos, ya que desde hace varios sexenios la Profepa ha signado convenios para capacitar a inspectores del gobierno local y a municipios.

Desafortunadamente no hemos tenido la respuesta que hubiéramos querido en municipios como El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán, porque ahí es un tema de la importancia que la autoridad municipal le quiera dar al tema”.

Entre las acciones que realiza la Profepa para sanear el Río Santiago destaca el combate a la clandestinidad.

Desafortunadamente una característica que tienen los municipios en esta zona es la poca presencia de inspectores y vigilancia, eso permite que una empresa clandestina que no cumple con ningún tipo de obligación ambiental, opere y sus niveles de evitar daños al ambiente sean prácticamente nulos”, apuntó.

En el corredor de El Salto la federación ha detectado muchas empresas clandestinas que manejan residuos peligrosos como aceites gastados que no cumplen con las reglas ambientales. Reconoció que la única forma para detectar este tipo de establecimientos es a través de la denuncia ciudadana.

Informó que la delegación Jalisco de la Profepa enfoca el 70% de sus recursos humanos de inspección al corredor El Salto.

Indicó que aunque se ha sancionado a empresas las irregularidades cometidas “no son graves” pues están relacionadas más con cuestiones de carácter administrativo y éstas son solventadas durante el proceso administrativo.