El proyecto hidroeléctrico El Naranjal conllevaría daños ecológicos, a la salud y sociales, esto de acuerdo al documento que posee la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Estudio de Impacto Ambiental, disponible a través de: semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/ver/estudios/2009/30VE2009E0023.pdf.

Un escenario devastador se contempla en aras de proyectos de este tipo: áreas inundables, modificaciones al régimen hidrológico, reacomodo de pobladores, inundación de vegetación, efecto barrera sobre la biota acuática, emisión de gases de efecto invernadero por los procesos de eutrofización de la materia orgánica inundada.

Al respecto, académicos e integrantes de organizaciones ambientalistas han expuesto que la construcción de la citada hidroeléctrica en el municipio de Amatlán de los reyes, causará daños irreversibles que, además, han derivado ya en conflictos, esto sin olvidar el asesinato del ambientalista Noé Vázquez, en agosto de 2013.

Y es que más de 30 mil personas resultarían afectadas con el proyecto hidroeléctrico que pretende consolidarse como uno de los más importantes del país.

En ese sentido, las organizaciones civiles han denunciado el hostigamiento, así como que se ha violentado el derecho a la libre participación de los pobladores que se oponen al proyecto de la presa.

El proyecto hidroeléctrico El naranjal fue promovido desde el año 2009 por la empresa privada Agroetanol de Veracruz S.R.L de C.V

El gobierno veracruzano se deslindó el tema al aseverar que es de índole particular.

Los integrantes de organizaciones civiles inconformes con la presa hidroeléctrica El Naranjal, han deplorado que las autoridades gubernamentales y la empresa Agroetanol de Veracruz S.R.L de C.V, han negado el derecho a la consulta previa, libre y informada –para que la población avale o no el proyecto en cuestión-.

En ese sentido, el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo), Hipólito Rodríguez calificó de antiambientalista al gobierno veracruzano. Y es que El Naranjal no es el único proyecto criticado por los daños ambientales y sociales que provocaría. En el estado de Veracruz existen 112 proyectos hidroeléctricos, todos en manos de particulares que no podrían operar sin el aval de autoridades de diversa índole.

IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo al citado documento de estudio de impacto ambiental que posee la Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del estudio de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, se especifica que éste se ubica dentro de la cuenca del río Papaloapan, que representa la octava parte del volumen de agua que escurre en el país, y dentro de la subcuenca del Río Blanco, que representa el 5% del volumen aprovechable.

La veda a la que estaba sujeto el aprovechamiento de aguas en la cuenca del Río Blanco, establecida por acuerdo publicado en el Diario oficial de la federación (DOF) el 1 de marzo de 1948, fue suprimida por decreto presidencial publicado en el DOF el 26 de junio de 2006.

El documento agrega en su apartado de antecedentes, que la subcuenca del Río Blanco se caracteriza por un potencial importante de recursos hidrológicos susceptibles de aprovechamiento hidroeléctrico.

Además, señala que el Río Blanco es una de las corrientes del país más contaminada por las descargas industriales y humanas, por lo que ha perdido totalmente su utilidad para las actividades humanas primarias (abastecimiento de agua potable, riego agrícola, uso pecuario, etc.).

Asimismo, justifica que “este proyecto se ubica en una región que demanda energía eléctrica por la gran actividad industrial que se viene desarrollando en los últimos años”.

En el documento de la Semarnat, se protege la identidad tanto de la empresa particular que realiza el proyecto, como de las personas que realizaron el estudio de impacto ambiental.

EL ÁREA AFECTADA

El documento citado puntualiza que geológicamente, la región está constituida por rocas marinas de edad jurásica superior a reciente.

Además, refiere que “respecto a los terrenos afectables por las 106.88 hectáreas requeridas, la mayor parte corresponden a terrenos ejidales y pequeña propiedad de los municipios de Fortín, Amatlán de los Reyes, El Naranjo, Cuichapa, Omealca y Yanga. Una porción menor, colindante al Río Blanco corresponde a zona federal”.

Son 36.12 hectáreas las que se desmontarán para construir las diferentes estructuras del proyecto. La vegetación a derribar se presenta en el cañón del Río Blanco y en la Sierra de San José de García.

La región del proyecto es una zona agroindustrial donde se han desarrollado varios centros urbanos con una importante actividad industrial, de ingenios azucareros, cafetales, platanales y de sembradíos de otros granos como maíz y frijol.

DAÑOS QUE PROVOCARÍA EL NARANJAL

El estudio de impacto ambiental indica que “las afectaciones más importantes de los proyectos de este tipo son: áreas inundables, modificaciones al régimen hidrológico, reacomodo de pobladores afectados por las obras, inundación de vegetación, efecto barrera sobre la biota acuática, emisión de gases de efecto invernadero por los procesos de eutrofización de la materia orgánica inundada, modificaciones al uso de suelo en la periferia del embalse, retención de sedimentos”.

En su apartado “Identificación descripción y evaluación de los impactos ambientales acumulativos y residuales del sistema ambiental regional”, el documento de la Semarnat indica que las descargas de 120m3/s en el río tendrían una influencia negativa para las pocas especies del cauce que existen aguas abajo, ya que esto significa de entre 2 y 6 veces el caudal promedio mensual existente.

El aumento significativo e intermitente de caudales en el tramo inmediato a la descarga incrementaría los procesos de erosión y de transporte de sedimentos por una extensión de varios kilómetros.

“Sería imposible que hubiera condiciones adecuadas para la preservación de hábitat en esas condiciones de alta energía y variabilidad horaria, por lo que podría haber un daño ecológico en el tramo inmediato al punto de descarga, y probablemente por varios kilómetros, convirtiéndose en el equivalente lineal de la zona árida de una presa.

“Adicionalmente, la falta de regulación de estos caudales traería como consecuencia variaciones peligrosas en el nivel y velocidad del flujo aguas debajo de la zona de descarga, trayendo riesgos importantes para la población que vive o transita por esa zona”.

Finalmente, agrega el documento, si fallaran las condiciones de impermeabilización del tanque de almacenamiento, podrían comprometer el abasto de agua potable a la población de Cuichapa.

Cabe agregar que el citado documento precisa que las obras correspondientes a la construcción de la presa demandan una remoción de la vegetación riparia y de selva alta perennifolia. Dicha afectación se concentrará principalmente a lo largo del canal, caminos, tanque regulador y la casa de máquinas.

En las partes altas, disminuirá la superficie que actualmente ocupa la parte arbórea y epifita, por ende resultarán afectadas aquellas especies de fauna que hacen uso de esta vegetación arbórea como zonas de anidación, alimentación y /o percha (tucanes, arasari, pericos, loros, pájaro carpintero, murciélagos).

En lo referente a la parte acuática, el posible aumento de la presencia de contaminantes originados por el crecimiento urbano e industrial o por la modificación de caudales en estos afluentes secundarios, a mediano y largo plazo podría conducir a una disminución poblacional o desaparición de las especies acuáticas presentes.

En cuanto a la filtración del agua contaminada a las fuentes de abastecimiento, “se asume que el recubrimiento de arcillas no es suficiente para contener la infiltración de agua. Dado que el agua se filtraría por la dolina proveniente de un río altamente contaminado, existiría el riesgo de contaminación a los mantos freáticos”.

Y agrega: “en este escenario se prevé un daño importante a la calidad del agua, que repercutiría directamente en la población que se abastece de esta fuente de agua, lo que podría causar problemas de salud pública y generar descontento entre la población afectada”.

OTROS IMPACTOS

El paso del canal de conducción por Amatlán de los Reyes puede representar un punto de conflicto social debido a que afecta áreas de uso colectivo importantes para la vida de la comunidad. Además, de que hay antecedentes de conflicto social y violencia de la región y antecedentes de conflictos ambientales en el municipio.

En cuanto a la contaminación por residuos, el documento de impacto ambiental de indica que “debido a las características del proyecto, se generarán cantidades de residuos peligrosos que requieren su adecuado manejo

“El equipo y maquinaria mayor que debe ser engrasada y abastecida de combustibles y lubricantes deberá contar con un programa de manejo de residuos peligrosos, que considere el acopio de material contaminado –estopas y material impregnado, envases, etc.) su almacenamiento temporal en una estructura que cuente con su base impermeable al suelo y con contenedor para derrames… Otra fuente de residuos peligrosos son los de las letrinas, sin embargo, se contratará una empresa especializada en el manejo de letrinas portátiles…”.

LA FLORA

En el terreno que pretende desarrollarse el proyecto hidroeléctrico EL Naranjal, se ubican dos tipos de comunidades vegetales: selva alta perennifolia, selva mediana subperennifolia, vegetación riparia, pinares, bosque mesófilo de montaña. Esto implica que en la región a ocupar hay árboles de más de 30 metros de altura, con abundantes bejucos. Entre las especies de árboles de esa zona destacan la caoba y los amates. Además, se localizan arbustos y plantas que nacen cercanas al agua.

FAUNA

La diversidad de la fauna encontrada en la zona es muy amplia, encontrándose anfibios –especies endémicas de México-, peces, reptiles, mamíferos ( 18 especies en selva mediana y 12 en la selva alta, entre las que destacan el puma yagouarundi, considerada como amenazada); y aves (68 especies en la selva alta y 66 en la selva mediana), siendo estas últimas las más abundantes.

ACOSO A AMBIENTALISTAS

Rosalinda Hidalgo, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa Ambiental (Lavida), expuso que el Padre Julián Verónica, así como la viuda de Noé Vázquez –activista ambiental asesinado en agosto de 2013- sufren hostigamientos directos y constantes.

Algunos de esos hostigamientos consisten en que motocicletas patrullan sus casas todo el día.

En ese sentido, Rosalinda Hidalgo expuso que “hay un proceso de hostigamiento muy fuerte a las poblaciones, y hay amenazas… Ya basta, esto en un contexto de violencia en el estado, sólo está agudizando más la inseguridad que de por sí ya existe en Veracruz”.

“¿La pregunta es con quién están operando y bajo el amparo de quién están operando?”, resaltó.

Hidalgo refirió que los ambientalistas han hablado directamente con el subsecretario de gobierno para plantearle la situación. Asimismo, hay una carta hecha a la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“También el gobierno federal está al tanto ya de estos hostigamientos y está enterada Amnistía Internacional (AI), porque lo que está sucediendo aquí en Veracruz es muy grave”.

Al respecto, obispos integrantes de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS) emitieron un pronunciamiento para solicitar a las autoridades estatales y federales se esclarezcan las amenazas contra el Padre Julián Verónica, quien ha sufrido amedrentamientos por su lucha contra las presa hidroeléctrica El Naranjal, y otros proyectos similares en el estado de Veracruz.

“Nos sumamos al llamado que en diciembre del 2013 hiciera nuestro hermano obispo Mons. Eduardo Patiño, de la Diócesis de Córdoba, Ver., solicitando a las autoridades federales y estatales de Veracruz, que se esclarezcan las situaciones de amenaza e intimidación en contra del presbítero Julián Verónica González, así como a miembros del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre y se asuma una postura contundente y definitiva en torno al proyecto hidroeléctrico El Naranjal”.

El Padre Julián Verónica se ha unido a organizaciones civiles como Defensa Verde Naturaleza para Siempre, para que el proyecto hidroeléctrico El Naranjal, municipio de Amatlán de Los Reyes, no afecte a aproximadamente 30 mil personas.

“Queremos llamar la atención, en torno al proyecto hidroeléctrico el Naranjal, en el cual se mueven muchos intereses que llevan a determinados actores de la zona a implicarse en actividades de presión psicológica violenta contra grupos o personas. De no detener estas acciones, podría agudizarse el clima de violencia e inseguridad que se vive en la zona, así como las violaciones a los derechos humanos de los activistas socio ambientales y diversos habitantes de Veracruz, por el sólo hecho de defender sus tierras y patrimonio”.

Y agregan: “la Comisión Episcopal para la Pastoral Social quiere expresar su solidaridad con este grupo de personas que están en peligro, así como con el resto de los activistas, particularmente el sacerdote Julián Verónica, Gabriela Sáenz, la Sra. Guadalupe de Jesús Salcedo, viuda de Noé Vázquez y su abogada Rosalinda Hidalgo”.