El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, urgió a construir y aprobar la iniciativa de Ley General de Agua e Infraestructura Hidráulica.

Al inaugurar el foro regional “El agua, un derecho humano y fundamental en México”, organizado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, destacó la importancia de esa ley, para que regule la reforma al Artículo 4 constitucional, que define como un derecho humano fundamental el acceso al vital líquido.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro se pronunció por construir esta ley antes de que concluya la LXII Legislatura, en octubre de 2015.

“En esta ruta que se han trazado en la Comisión de Recursos Hidráulicos habrán de tener los insumos suficientes para construir la iniciativa de ley que regule este apartado del Artículo 4 constitucional y con ello establecer las bases para el manejo y distribución del agua”, subrayó.

El diputado federal confió en que “antes de que concluya esta legislatura quede terminada y aprobada esta iniciativa de ley”.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, mencionó que, con éste, son seis foros realizados a fin de recoger aportaciones de especialistas y ciudadanos para construir la Ley General de Agua e Infraestructura Hidráulica.

Indicó que con ello se pretender regular “las lagunas e inexactitudes que presenta la actual Ley de Aguas Nacionales”, y construir “una legislación que garantice el acceso al agua para todos los habitantes del país”.

Gaudiano Rovirosa comentó que esta comisión está trabajando en una iniciativa que regule los recursos hídricos del país, como lo dispone el Artículo 4 constitucional, mediante la Ley General de Agua.

“De esta manera quedará abrogada la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Agua será el único ordenamiento jurídico que regule el agua, su infraestructura y sus diferentes usos en el país”, expuso.

Destacó que los legisladores tienen el compromiso de emitir un marco jurídico responsable, que garantice el derecho humano al agua, con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y los diversos sectores de la sociedad.