HERMOSILLO, Son., Que muestras de agua del río Sonora sean analizadas por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), para descartar riesgos a la población, propuso la Comisión Especial del Congreso de la Unión que da seguimiento al derrame tóxico responsabilidad de Grupo México.

Luego que el pasado martes, autoridades federales y estatales decretaron el fin de la contingencia ambiental, entre los habitantes de la ribera afectada ha prevalecido la desconfianza con respecto al resultado oficial de los análisis que afirman que el agua es apta para consumo humano a pesar que hace tres meses estuvo contaminada por metales pesados provenientes de la mina de Cananea, Buenavista del Cobre.

La diputada federal Lorenia Valles Sampedro, declaró que se requiere un dictamen científico imparcial para darle certidumbre al resultado de los análisis de calidad del agua superficial y de los pozos ubicados a los márgenes del río Sonora.

Ante las dudas y preocupación que existe entre la población que vive en los  municipios afectados por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, debe ser una institución o instituciones como la facultad de Química de la UNAM y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, las que hagan un análisis de las aguas de los torrentes y presenten un dictamen imparcial", declaró la legisladora sonorense.

Con el fin de revisar los avances del caso, la diputada perredista informó que la Comisión Especial del Congreso de la Unión solicitará una reunión con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, quien también coordina los trabajos de la comitiva enviada a Sonora por la Presidencia de la República para atender a los afectados por la empresa minera.

El pasado martes en conferencia de prensa conjunta, el mandatario Guillermo Padrés Elías y el secretario Navarrete Prida, anunciaron el fin de la contingencia ambiental en el río Sonora luego del resultado positivo que arrojaron todos los análisis de calidad del agua realizados por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Sin embargo, habitantes de los siete municipios, alcaldes y productores agropecuarios se niegan a utilizar el agua de los pozos por la desconfianza que genera la injerencia de Grupo México en los estudios.