Sonora.- A unos días de que se cumplan dos meses del desastre ecológico más grande en la historia del país, que afectó los ríos Bacanuchi y Sonora, hay opiniones encontradas en torno al manejo jurídico que tomó el gobierno para encarar el incidente que resultó en la contaminación de las fuentes de agua de decenas de miles de personas. Un enfoque, el oficial, habla de que el gobierno de Enrique Peña Nieto prefirió privilegiar la conciliación con Grupo México por encima del pleito. Otro, el ambientalista, critica la suavidad de una administración que pudo ser dura y no quiso.

Por un lado, las autoridades sostienen que era mejor iniciar la remediación inmediata de los ríos para apoyar a la población en vez de pensar en “juicios largos”. En el anverso, especialistas en derecho ambiental acusan que se optó por la vía fácil, aun cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tenía la opción de castigar severamente a Grupo México con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) y enviar un mensaje inequívoco a otras empresas: el medio ambiente debe ser respetado.

A pesar de que la ley podía haber llevado a la empresa de Germán Larrea un juicio y destinar miles de millones de pesos para la remediación del daño ecológico bajo estricta supervisión ciudadana, el gobierno optó por la conciliación.

“Perdieron una oportunidad histórica de ir a instancias judiciales y aquí hasta hay una omisión de responsabilidades de parte del gobierno federal que me parece que va encaminada a no asustar a inversionistas”, advirtió María Colín, abogada de Greenpeace.

“No entiendo por qué razón no quisieron aplicar la ley federal. Para eso fue creada. La Profepa le está perdonando el juicio a Grupo México”, lamentó Gabriela Fritz, abogada especializada en derecho ambiental.

La Profepa ha defendido su estrategia de no judicializar el caso. El pasado 7 de octubre, en entrevista con Carlos Puig, el procurador Guillermo Haro reconoció que se pensó en demandar a Grupo México ante un juzgado de distrito, como contempla la LFRA, pero en vez de un pleito largo se pasó a la conciliación a petición de la propia empresa.

“Teníamos previsto presentar una demanda por responsabilidad ambiental que es un juicio que se lleva ante un juzgado de distrito, un juicio largo, (pero) la empresa envió un escrito en el que aceptaba la reparación del daño y solicitaba mecanismos alternativos de solución de controversias, cosa que ocurrió”, dijo Haro.

Para Pablo Uribe, del despacho Asesoría Jurídica Ambiental y ex integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, “este era el caso ideal para aplicar la ley federal. Creo que la Profepa se está equivocando, está malentendiendo para qué es esta ley”, dijo.

MANO SUAVE, MANO DURA

Según se establece en sus artículos, invocar la LFRA en el caso Sonora hubiera permitido al Estado aplicar distintas sanciones a Grupo México, desde multar con 40 millones de pesos a la empresa por el daño cometido hasta buscar una penalización severa en cortes federales, ante las que se podría haber exigido una reparación del daño medio ambiental con un monto calculado conservadoramente en varios miles de millones de pesos. A manera de ejemplo, puede usarse un caso similar: una corte federal estadunidense obligó a British Petroleum a pagar 4 mil millones de dólares en el caso del derrame petrolero en Luisiana en 2010.

De acuerdo a los abogados consultados por MILENIO, invocar esta ley permitiría al gobierno federal apilar sobre Grupo México distintas medidas donde más duele: en el bolsillo y en su imagen. Es una baraja de opciones jurídicas y penales que va desde multas económicas millonarias a sus directivos y operadores en la planta de Buenavista del Cobre, hasta un juicio inédito que podría golpear fuertemente en los ingresos de la empresa, a la que se podría obligar a “restaurar a plenitud” el medio ambiente afectado, no solo remediarlo.

Hay más. En este caso particular, la ley obligaría a Grupo México a  transparentar la aplicación del dinero asignado a la remediación de los ríos Sonora y Bacanuchi. El destino del dinero  tendría que ser informado a 1) un juez federal para determinar si se está actuando de forma adecuada y 2) la sociedad sonorense, que podría enterarse de qué acciones se han tomado en las zonas afectadas. Como están las cosas hoy, ni Grupo México ni la Profepa tienen la obligación de informar cómo se gasta el fondo revolvente de 2 mil millones de pesos creado para atender la crisis.

De acuerdo a Haro, el fideicomiso será monitoreado de forma cercana por un comité integrado por un representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, uno de Grupo México y un “representante ambiental” que será designado por ambas partes.

“El problema es que, conforme a la ley, ese convenio debería ser público. Además, no ha sido revisado por un juez ni tampoco conocemos cómo es que Profepa va a verificar que efectivamente se reparen los daños ambientales en los términos y condiciones que establezca el convenio, porque no conocemos ese convenio o acuerdo”, dijo Fritz.

En su vertiente judicial, la LFRA incluso contemplaba la posibilidad de una sanción directa contra el dueño de la multinacional y uno de los hombres más ricos de México, Germán Larrea. De comprobarse su responsabilidad por acción u omisión en el accidente industrial que llevó al derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre, se le obligaría a pagar personalmente una multa de hasta 3 millones de pesos, un escenario nunca antes visto en la historia del país.

Todo eso, aunque era una posibilidad, ya no ocurrió. No de parte del gobierno federal. Queda abierta la vía a que ciudadanos afectados presenten su propia demanda, aunque en desventaja porque tendrían que presentar peritajes, análisis e investigaciones costosas.

Los especialistas coincidieron en denunciar que el gobierno federal se decantó por una opción suave, dejando en el archivero la mejor arma de su arsenal legal por razones desconocidas, el equivalente a guardar un rifle de alto poder y confiar solo en una promesa de que Grupo México no volverá a portarse mal.

“La ley tiene por objeto inhibir conductas contaminantes y prácticamente esta negociación a la que llegó la Profepa con Grupo México está eliminando la vía judicial. Está hasta eliminando la posibilidad de que haya una sanción económica. Me enoja que haya una actitud así de pasiva de la Profepa”, dijo Colín.

Pablo Uribe admitió que la pregunta que hoy pesa entre los abogados ambientalistas es por qué la Profepa decidió ir por la ruta amable con Grupo México, cuando tenía la oportunidad de aplicar castigos ejemplares por un accidente de este tamaño.

“Podrían ir al sistema judicial y no me queda claro por qué no lo están haciendo”, dijo.  “La ley es muy sencilla: hay una línea base del ecosistema antes del daño. En este caso, es cómo estaba el ecosistema antes de la afectación y ahora cómo está. Eso es lo que le va a costar a la empresa: llevar el ecosistema de como está ahora a como estaba antes”,

SEMARNAT: EL VIRAJE

Hace apenas un año, la LFRPA fue catalogada como una ley de punta que ponía a México a la vanguardia internacional en materia de protección ecológica. Legisladores celebraron su aprobación de forma unánime. En la Suprema Corte, el ministro José Ramón Cossío la definió como “un poderoso instrumento normativo para proteger el medio ambiente”. El presidente Enrique Peña Nieto la firmó sin contemplaciones.

Pero en la que sería su prueba de fuego, en Sonora, se quedó archivada. Aun cuando la ley fue confeccionada en base en recomendaciones y tratados internacionales, a principios de septiembre pasado, el titular de la Semarnat, Juan José Guerra, advirtió que no se hará uso de ella porque “carece de dientes” y “tiene que ser perfeccionada”. Es una declaración que contrasta con la emitida por su partido, el Verde Ecologista, hace un año, cuando estaba por ser aprobada.

“La LFRA impulsa un sistema de justicia ambiental de vanguardia, equilibrado, racional (…) mandata el abatimiento de la impunidad en materia de delitos ambientales”, indicó el PVEM en un comunicado fechado el 13 de abril, semanas antes de su aprobación en el Congreso.

Claves

¿Qué dice la ley?

- Entre otras opciones, sus articulados establecen que la Federación podría demandar ante un juez de distrito a la empresa y no solo recurrir a pequeñas multas administrativas, como ha hecho hasta ahora.

- La LFRA establece que la Profepa tiene la facultad de actuar con afilados dientes judiciales. En particular, acudir ante un juzgado de distrito y solicitar la intervención inmediata de los bienes de Grupo México.

- Más allá del fondo revolvente creado por Grupo México para atender el daño en los ríos Bacanuchi y Sonora, el juicio subsecuente permitiría a un juez determinar el monto del daño al medio ambiente y al estado, y ordenar a) reparación a fondo o b) compensación.

- Si se toman precedentes de juicios similares en Estados Unidos —la ley mexicana fue basada en su equivalente estadunidense—, los montos de compensación pueden ascender a varios millones de dólares.