Cuautitlán Izcalli, Méx. Personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y bomberos laboran desde el viernes en el retiro de una sustancia tóxica, conocida como acrilamida que de manera ilegal fue vertida al Emisor Poniente, y que el viernes reciente, generó una “nube tóxica” que provocó alarma entre pobladores locales, informó Rodolfo Contreras Basurto, director de protección civil municipal.

Contreras Basurto informó que al menos 400 litros de una sustancia química conocida como acrilamida habrían sido arrojados al canal de aguas negras, pues “a un costado del Emisor encontramos dos tambos completamente vacíos, que fueron trasladados en una camioneta, abiertos y su contenido vertido al canal”, comentó el funcionario.

La disposición ilegal de la sustancia química quedó al descubierto, cuando a la una de la madrugada del viernes reciente, fue reportada la formación de una “nube tóxica” que provenía del Emisor Poniente, que comenzó a provocar malestar entre habitantes cercanos.

Contreras dijo que la acrilamida es una sustancia química, con la consistencia de gel, que es un desecho de alimento; y que las aguas pudieron haberlo arrastrado en un tramo del San Lorenzo a Santa Bárbara, y podría llegar al municipio vecino de Teoloyucan.

“En la zona de la afectación tenemos ubicadas a 45 familias de un asentamiento irregular”, comentó Contreras Basurto. Algunos vecinos presentaron irritación nasal, de ojos, piel y dolor de cabeza.

Auxiliados con máquinas de trascabo, camiones de carga, palas, picos y contenedores, desde el viernes personal de la Conagua y del municipio (protegidos con tapa-bocas), laboran en el retiro de lodos combinados con la sustancia tóxica, los cuales son llevados a un confinamiento seguro (no se especificó a cuál).

“No sabemos la cantidad exacta del químico extraído, pero al día de hoy, junto con Conagua, hemos retirado más o menos 25 metros cúbicos de tierra junto con los productos tóxicos”, comentó el director de protección civil.

La alcaldía solicitó a la Conagua que se localice a los responsables de la disposición ilegal de la sustancia química y se impongan las sanciones penales y económicas correspondientes; autoridades locales insistieron que el caso puede ameritar una multa de entre 5 mil y 10 mil días de salario mínimo.